El Gobierno limitará al 3% el crecimiento del gasto público hasta 2031 para cumplir las nuevas reglas fiscales

La Comisión Europea ya tiene en sus manos el plan fiscal de medio plazo con el que España va a cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas. Unas normas que entran en vigor el año que viene y que pivotan sobre el cumplimiento de una variable que hasta ahora tenía menos importante: la regla de gasto. En aplicación de las nuevas normas, el Gobierno se compromete a limitar el crecimiento del gasto público en los próximos años al 3% del PIB de media. Esto sería suficiente para garantizar que se sigue reduciendo el déficit público y conseguir que la deuda pública regrese en 2028 a los niveles que tenía antes de la pandemia, sin que esto constriña el crecimiento económico.

El documento aprobado hoy por el Consejo de Ministros no detalla las medidas que el Gobierno va a adoptar para cumplir con esta reducción y se limita a dibujar la trayectoria que tendrán que seguir en los próximos años el gasto público, el déficit y la deuda para garantizar su sostenibilidad. El plan contempla un ajuste en los próximos siete años equivalente al 0,4% del PIB anual, unos 6.000 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Economía. Y para ello utiliza una regla de gasto que reduce el incremento del gasto público año a año: en 2025 podrá crecer un 3,7%, pero al final del período, en 2031, la previsión es que el crecimiento sea solo del 2,4%.

"El plan garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas en el futuro y lo hace de manera compatible con mantener el estado del bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenido y equilibrado" ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha explicado que el gasto público, pese a esta limitación, se situará unos 6.000 millones de euros por encima de lo que se gastó, de media, entre 2014 y 2018. Que el crecimiento del gasto esté limitado no implica que el Gobierno no pueda incrementar sus desembolsos. Pero tendrá que compensarlo con mayores ingresos estructurales como por ejemplo nuevos impuestos permanentes.

Una vez reciba el documento de España, la Comisión Europea tendrá seis semanas para analizarlo y dar su visto bueno o exigir correcciones. Además, Bruselas analizará cada año el estado de cumplimiento del plan y puede abrir un procedimiento por incumplimiento si España se aleja demasiado de los compromisos adquiridos.