El TSJM pide al Supremo que investigue al Fiscal General por desmontar el bulo del novio de Ayuso
El juez pide al TS que determine si Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos
Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado
Madrid
El magistrado Francisco José Goyena, que instruye la causa contra la Fiscalía por supuesta revelación de secretos como consecuencia de la querella interpuesta por la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional ante el que está aforado el Fiscal General del Estado, Álvaro García, para que le investigue por ese delito al constatar indicios de su comisión.
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El magistrado considera que indiciariamente, la difusión de la información a través de la nota de prensa ordenada por el Fiscal General para desmentir el bulo, “no se corresponde” con la finalidad alegada por el Ministerio Público, respecto a que pretendía defender la honorabilidad de sus fiscales y el derecho fundamental a una información veraz.
A juicio de Francisco José Goyena, el contenido de la nota de prensa “excedió” lo publicado previamente en los medios de comunicación y supuso la “divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros”, con perjuicio al derecho de defensa de la pareja de Ayuso y también al interés “general”.
En este sentido, el magistrado manifiesta que el desmentido del bulo “podría haber tenido otro formato y contenido que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse”.
Goyena basa su argumentación en la nota de prensa que desmontó el bulo del entorno de Ayuso
El magistrado Goyena basa su argumentación en la nota de prensa que desmontó el bulo del entorno de Ayuso, publicado previamente por los diarios El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, de que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González, cuando sucedió lo contrario. Todos los datos que aparecen en la nota de prensa, que recoge el juez en su escrito, fueron publicados anteriormente aunque de forma manipulada por estos medios. Otros, entre ellos la SER, también publicaron con anterioridad datos sobre esas negociaciones, incluidas las fechas en las que se produjeron, pero de forma acertada.
El juez ha ordenado el archivo de las actuaciones para uno de los fiscales querellados, Julián Salto, de quien dice que solo tuvo un “papel instrumental” en la causa, pero mantiene la acusación contra la fiscal jefa provincial, María Pilar Rodríguez, y propone al Supremo que prosiga las actuaciones contra ella y también contra el Fiscal General del Estado.
Por su parte, el Fiscal General del Estado ha afirmado en una nota de prensa que la exposición razonada al Supremo para investigarle “no alterará el funcionamiento de la institución” ni el suyo propio. Reitera que nada de lo publicado en la nota de prensa era desconocido, por lo que no reveló secreto alguno, y que la nota se emitió para “poner fin a un bulo”, amparar a sus fiscales y cumplir con su “obligación” de ofrecer “información veraz a la ciudadanía”
