Georgia inicia el procedimiento para restringir derechos a la comunidad LGTBIQ+

Georgia da otro paso más hacia Moscú que, al mismo tiempo, le aleja de Bruselas. Después de la aprobación de una ley que obliga a identificarse como "agentes bajo la influencia extranjera" a las empresas que reciban inversión desde otros países, y que ha sido muy protestada en las calles de Tiflis, hoy el parlamento georgiano ha iniciado la tramitación de un paquete legislativo cuyo objetivo es restringir al máximo los derechos de las personas homosexuales o transexuales.

El conjunto de leyes, agrupadas con el nombre de "Protección de los valores familiares y de los menores" y que impulsa el partido gobernante que tiene la mayoría en el parlamento, prohibirá de forma explícita el matrimonio homosexual, el registro de relaciones si uno de los dos miembros de la pareja se identifica "con un sexo diferente al biológico", la adopción por parte de estas parejas así como que las personas trans puedan acceder a operaciones de cambio de sexo.

Y la ley no se queda ahí, porque introduce también medidas para evitar lo que considera "propaganda homosexual", que incluye la prohibición por ejemplo de publicidad que se considere que pueda ser favorable a otras formas de relaciones distintas a la heterosexual. Aquí se agrupan por ejemplo la prohibición de la celebración del Orgullo Gay en Georgia, que no puedan mostrarse escenas de amor homosexual en la televisión o incluso la exhibición de la bandera arcoiris.

Al estilo de Rusia

Los partidos opositores al gobernante Sueño Georgiano han boicoteado la votación en el parlamento, aunque la coalición que está en el poder tiene mayoría suficiente para seguir adelante con el procedimiento. Este paquete legislativo acerca a Georgia a la legislación restrictiva de Rusia y la aleja de la Unión Europea aun cuando sigue siendo país candidato a la adhesión, y a pesar de que ya ha recibido advertencias de Bruselas por la ley de financiación extranjera recientemente aprobada. La ley ha pasado la primera lectura parlamentaria y se someterá a dos más antes de su aprobación definitiva y su entrada en vigor.

Georgia ya está por detrás de Ucrania y de Moldavia, quienes han iniciado las negociaciones con los países de la Unión para su entrada en el club comunitario, y a futuro está política en Georgia pondría en un aprieto a los socialistas, ya que Sueño Georgiano forma parte de esta familia de partidos europeos de corte progresista.

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Violencia contra los homosexuales

Este proceso legal supone un retroceso de Georgia, que aún siendo un país muy alejado de las leyes más progresistas de otros, sí que tiene en su legislación la prohibición de discriminar a nadie por su orientación sexual. Los crímenes de odio por este motivo pueden ser castigados con una sentencia más severa, aunque la incitación al odio por motivos de expresión de género no está recogida como un delito de forma específica.

No obstante, los grupos más conservadores y ultraderechistas de la sociedad georgiana han expresado con violencia en la calle cada año su rechazo a la comunidad LGTBIQ+. Tiflis es escenario de una marcha por el Orgullo desde el año 2019, pero en varias ocasiones ha sido asaltada por grupos extremistas alentados además por la iglesia ortodoxa del país. La última edición del pasado año tuvo que ser cancelada sobre la marcha por el ataque de decenas de radicales y la de este año directamente no ha podido ni ser organizada.

El pasado 14 de junio, los organizadores anunciaron que no habría manifestación con motivo del Orgullo de este año en el que además hay elecciones en el país después del verano. Describen que este ambiente "puede ser espacio para la violencia física alentada por el Gobierno y su retórica llena de odio y hostilidad". Añadían además que "la lucha de los derechos queer hoy es inseparable de una lucha más amplía contra el régimen prorruso. Vamos a explicar que la homofobia es un arma política rusa contra la sociedad georgiana".

La Comisión de Venecia, principal órgano consultivo sobre derechos humanos de la Unión Europea, ha pedido al gobierno georgiano que reconsidere la tramitación de este paquete legislativo, así como la entrada en vigor del que permitirá vigilar y presionar a empresas y entidades que tengan relación con otros países.