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Una investigación independiente determina que Israel no ha aportado pruebas sobre los vínculos entre la UNRWA y Hamás

El Gobierno de Netanyahu ha vuelto a pedir a los países que no financien la organización e insisten en que "no se sabe donde acaba la UNRWA y dónde empieza Hamás"

La exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna durante la presentación del informe sobre la UNRWA / SARAH YENESEL (EFE)

La exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna durante la presentación del informe sobre la UNRWA

La investigación independiente, encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, para examinar la labor de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha concluido que las autoridades israelíes no han presentado pruebas que acrediten los vínculos terroristas atribuidos a varios de sus trabajadores. Este argumento además produjo una cascada de críticas y retiradas de fondos por parte de varios países.

Dichas acusaciones se remontan al mes de marzo, cuando, como recuerda el informe, Israel acusó a "un número significativo" de trabajadores de la UNRWA de "ser miembros de organizaciones terroristas". "Sin embargo, Israel no ha proporcionado ninguna prueba que lo respalde", reza el informe, elaborado a partir de reuniones con todas las partes, incluido el Gobierno israelí.

Las acusaciones llevaron a 16 países a suspender o congelar los fondos, lo que privó de golpe a la UNRWA de 450 millones de dólares y puso en duda la continuidad de sus operaciones, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas de la región donde también hay refugiados palestinos. "Ante la ausencia de una solución política entre Israel y los palestinos", el grupo subraya que la labor de la agencia es "irremplazable e indispensable" en distintos ámbitos sociales, especialmente en educación y atención sanitaria. "Muchos ven a la UNRWA como un salvavidas humanitario", expone.

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Además, añade que la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia. En su caso, y al contrario de lo que ocurre contras agencias de Naciones Unidas, persisten desafíos específicos que complican la "neutralidad" que se le presupone a una organización así, entre otras cosas porque la mayoría de su personal es local y puede ser incluso receptor de la ayuda que brinda la propia agencia.

Israel mantiene sus acusaciones: "No se sabe donde acaba la UNRWA y dónde empieza Hamás"

Ante este revés, el Gobierno israelí ha criticado la investigación porque considera que no ha sido "auténtica" ni "minuciosa" a la hora de investigar los vínculos de sus trabajadores con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "No se parece a una investigación auténtica y minuciosa. Se parece a un intento de evitar el problema y no afrontarlo de frente", ha señalado en un comunicado Oren Marmorstein, portavoz del ministerio.

En este sentido, considera que "Hamás está tan infiltrado en la UNRWA que ya no es posible determinar dónde acaba la UNRWA y dónde empieza Hamás". Israel acusa a 2.135 miembros de la agencia de pertenecer a Hamás o a la Yihad Islámica, aunque de momento no ha ofrecido pruebas públicas sobre los supuestos lazos entre el organismo y los grupos de milicianos.

Marmorstein considera que el informe, "ignora la seriedad del problema, y ofrece soluciones cosméticas que no hacen frente al enorme alcance de la infiltración de Hamás". "UNRWA-Gaza es parte del problema y no parte de la solución (...). La UNRWA no puede ser parte de la solución en Gaza ahora y no puede serlo en el futuro", según Israel, que señala que "hay otras soluciones". Así, insiste en su petición a la comunidad internacional de dejar de financiar a la UNRWA y destinar esos fondos a otras organizaciones humanitarias presentes en Gaza.

El informe, en cualquier caso, no pone en duda que la agencia "es irremplazable e indispensable para el desarrollo humano y económico de los palestinos", en un mensaje indirecto a Israel, que aboga por acabar con la agencia misma.

La UE aprueba nuevas sanciones contra la fabricación y venta de misiles y drones por parte de Irán

Por otro lado, los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea han dado este lunes el visto bueno a una nueva ronda de sanciones contra Irán para penalizar su sector militar, en concreto para ampliar las restricciones vigentes sobre producción de drones para que cubran también a los misiles y se castigue a las empresas que suministran este material a milicias afines como los hutíes en Yemen o Hezbolá en Líbano.

De esta forma los 27 hacen seguimiento al pacto a nivel de jefes de Estado y de Gobierno que en la cumbre extraordinaria de la semana pasada en Bruselas acordaron redoblar las sanciones a Irán tras su ataque con 300 drones y misiles contra Israel en pleno repunte de las tensiones en Oriente Próximo, en un intento de atraer al Ejecutivo israelí, al que pide contención y que busque una salida a la guerra en Gaza.

En rueda de prensa, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha confirmado el acuerdo de los ministros reunidos en Luxemburgo para que la UE extienda las sanciones actuales contra el sector de drones de Irán por el envío de material a Rusia, que luego Moscú emplea en la guerra de agresión de Ucrania, para que se incluya la fabricación de misiles y se amplíe geográficamente para castigar la ayuda a milicias afines en la región en Yemen, Irak, Siria o Líbano. "Hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar y expandir el régimen existente sobre drones para cubrir los misiles y su potencial transferencia a Rusia", ha declarado.

Igualmente, el responsable de Exteriores de la UE ha explicado que se aumentará la lista de componentes europeos para la producción de drones que tendrán restringida la exportación. Tras este paso de los 27, la Comisión Europea trabajará en una medida técnica concreta para castigar el sector militar iraní, unas sanciones que verán la luz en el plazo mínimo de 10 días, según explicaban otras fuentes estos días.

No hay consenso en el seno de la UE sobre la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista terrorista después de que países como Alemania, Bélgica o Países Bajos lo hayan demandado pero sigan pesando más las dudas sobre la base legal que demuestre su actividad terrorista en la UE.

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