El Congreso rechaza paralizar la ley de amnistía y califica de intento de injerencia el conflicto de atribuciones planteado por el PP en el Senado

Madrid

Hace unos días, el Senado, a petición del PP donde tiene mayoría absoluta, pidió al Congreso paralizar la tramitación de la Ley de Amnistía. En sus argumentos, la Cámara Alta consideraba que la norma, al tramitarse como una proposición de ley orgánica en la Cámara Baja, se había limitado en sus competencias y consideraba que se trataba de una reforma encubierta de la Constitución y su recorrido estaba siendo "fraudulento".

Ese escrito ya tiene respuesta por parte de los letrados del Congreso de los Diputados y en ese informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, los letrados creen que esta tramitación se hizo "cumpliendo los establecido en los artículos 90 de la CE y 120 del Reglamento del Congreso de los Diputados".

En esa respuesta, también se recalca que las votaciones plenarias "non son objeto idóneo del conflicto de atribuciones" y defiende que el procedimiento se hizo dentro del plazo correcto, "llegando a conocimiento del Senado apenas se produjo".

Sobre la posible constitucionalidad de la norma, desde el Congreso recuerdan que "a la Mesa no le corresponde efectuar un control de constitucionalidad de las iniciativas parlamentarias", añadiendo que "los parlamentarios, tanto diputados como senadores, tienen el derecho a la tramitación de iniciativas por los cauces constitucionales y reglamentarios establecidos".

"La verdadera pretensión del conflicto planteado es la de procurar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma"

Pero la respuesta del Congreso no queda ahí. En uno de los puntos que aborda la supuesta reforma encubierta de la Constitución que se habría hecho con esta norma, responde que "la verdadera pretensión del conflicto planteado es la de procurar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma por parte del Tribunal, lo que no procede en esta fase de procedimiento legislativo".

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Además, recuerda en el siguiente punto que "estas alegaciones implican una clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria, pues la función de controlar cómo ha aplicado su Reglamento el Congreso de los Diputados, corresponde, en su caso, al Tribunal Constitucional, no pudiendo el Senado asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno de otros órganos".

Por último, y a modo de conclusión, el informe de los letrados del Congreso recuerda que "el conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad".