Una ley de amnistía muy precisa

Madrid

Esta ley de amnistía es inatacable. Aunque será atacada, claro que sí. Las últimas enmiendas al texto lo hacen prácticamente inexpugnable ante los tres grandes tribunales que tendrán la decisión final sobre su aplicación. Y que son, por eso mismo, aquellos en los que descansa la salvaguardia de las libertades democráticas y del Estado de derecho: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional español. Así que tribunales de inferior rango, incluido el Tribunal Supremo español, podrán obstaculizar su trayectoria, pero no serán relevantes para su validación final.

El intento de algún juez de apañar imputaciones de terrorismo contra dirigentes del 'procés' catalán para evitar que se le amnistíe, creará ruido. Pero carece de recorrido. En síntesis, la ley en ciernes excluye a los autores de un delito de terrorismo grave de los beneficios de esa amnistía. Graves, porque hayan atentado contra la vida o la integridad física de personas, u otras conductas con efectos muy severos contra los derechos humanos individuales. Y que lo hayan hecho “de forma intencionada”, o sea, por ejemplo, yendo específicamente contra las personas y no por azar, por casualidad o por incidencias ajenas.

La calidad jurídica del texto no agota el debate político sobre la conveniencia de la amnistía. Pero es una condición previa para que sus efectos sean positivos, también para la política democrática, la convivencia y la reintegración a la vida pública de gentes que se excluyeron de la misma.