Las universidades critican que administraciones y empresas se desentiendan de la cotización de los becarios
Los campus asumen en solitario la gestión y el pago de las prácticas de sus alumnos
Estudiantes de la Universidad de La Rioja en una clase / Universidad de La Rioja
Madrid
Más de 126.000 estudiantes ya cotizan por sus prácticas, según datos del ministerio de Inclusión, Seguridad Social o Migraciones. Desde el uno de enero es obligatorio que lo hagan sean o no remuneradas, un cambio que provocó numerosas dudas en centros educativos y comunidades autónomas sobre quién debería hacerse cargo del pago, bonificado en un 95% por el Estado, y la gestión de las prácticas e que incluso obligó a retrasar la cotización tres meses. La ley de Seguridad Social, que fija la cotización obligatoria de los becarios, establece que , en principio, deben ser las empresas pero en la práctica no está siendo así. En el caso de los estudiantes de FP son las comunidades las que han asumido la gestión y el ministerio de Educación el que sume el coste del 5% no bonificado.
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En el de los universitarios, sin embargo, no es la administración sino las universidades las que están gestionando y pagando las cotizaciones de sus estudiantes.
Para hacerlo los campus han tenido que contratar personal, invertir en plataformas informáticas y asumir los como máximo 10 euros anuales por las prácticas de cada uno de sus estudiantes. Los rectores lamentan que empresas y especialmente organismo públicos se hayan desentendido del tema: "Nos parece que tendrá que ser un elemento de reflexión muy importante sobre todo para posteriores regulaciones que se hagan. No se puede contar ni con la administración ni con las empresas para que asuman esta responsabilidad. Hemos tenido que hacerlo las universidades por el compromiso institucional con nuestro estudiantado", se lamenta María Antonia Peña, presidenta de Crue-Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva.
Las universidades han estimado en nueve millones de euros el coste de las cotizaciones, al margen habría que sumar el gasto en personas o equipamiento para la gestión, y lanza otro reproche: "Tampoco entendemos por qué el Estado se hace cargo de otras prácticas de educación superior, como el la FP de grado superior y no de las universidades. No entendemos porqué el estudiantado universitario está discriminado".
Últimas instrucciones
Las universidades esperan recibir esta semana las instrucciones para poder resolver las últimas dudas para hacer frente a la enorme casuística que tienen que han hecho que la gestión no sea nada sencilla: "Hablamos de estudiantes pero estudiantes pueden ser personas que también son empresarios o trabajadores por cuenta ajena o personas que están cobrando prestaciones..."
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El Gobierno extendió hasta el 31 de marzo la obligación de notificar las altas de los becarios aunque empezarán el 1 de enero para dar tiempo a adaptar el sistema a las nuevas exigencias.
