El precio de la investidura de Pedro Sánchez: estas son las condiciones de cada partido para apoyar al PSOE

Pedro Sánchez tratará de ser reelegido presidente en el debate de investidura que se celebra entre este miércoles y el jueves. Salvo sorpresa mayúscula, lo conseguirá, ya que tiene garantizados 179 votos, después de llegar a acuerdos con todos los partidos que componen el hemiciclo, a excepción de PP, Vox y UPN. El resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio dibujó un escenario político de aritmética compleja. Aunque el PP de Feijóo se hizo con la victoria, sus 137 escaños —sumados a los 33 de Vox, el de UPN y el de Coalición Canaria— fueron insuficientes para conseguir una mayoría en el Congreso que permitiera al candidato popular ser investido. Tras el fracaso de Feijóo, Felipe VI encargó a Pedro Sánchez, cabeza del segundo partido más votado en los comicios, postularse como presidente. Paradójicamente, el candidato socialista lo tiene más sencillo. La suma de sus 121 diputados y los 31 de Sumar tampoco son suficientes, pero sí que alcanzarán una mayoría con los votos de PNV, EH Bildu, BNG, ERC, Junts y Coalición Canaria. En primer lugar, los socialistas tuvieron que convencer a Sumar. Aunque la formación de Yolanda Díaz aseguró, en un principio, que la posibilidad de entenderse con el PSOE todavía estaba «lejos», finalmente ambas formaciones rubricaron el pasado 24 de octubre un acuerdo programático que incluye ambiciosos cambios en materia económica y social. El texto, un documento de 50 páginas que los dos partidos usarán como base para gobernar en caso de que Sánchez sea investido presidente, incluye, como medida estrella, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. La idea es implementarlo en varias fases. La primera iría de 2024 a 2025 y tendría el objetivo de llegar a las 37,5 horas. La segunda fase contempla llegar hasta las 35 horas semanales antes de que acabe la legislatura. Asimismo, el documento recoge la implementación «de forma inmediata» de un plan de choque contra el desempleo juvenil, además de «una reforma fiscal justa» que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público. En este sentido, se quiere prorrogar el impuesto que iba a caducar el 31 de diciembre de este año. No se hace permanente, pero sí se prorroga sin fecha. Es decir, que será sometido a una revisión anual para ver si sigue recaudando. En materia de servicios sociales, PSOE y Sumar apuestan por el refuerzo del sistema público de salud y, en especial, por la reducción de las listas de espera. Otra de las medidas que proponen es extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16. El escollo más importante para Sánchez ha estado en el independentismo catalán. La posición negociadora de la que partían Junts y ERC era que no apoyarían ninguna investidura que «no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum». Sin embargo, ambas han rebajado sus pretensiones. La principal moneda de cambio ha sido la ley de amnistía, que perdonará «toda la responsabilidad, penal, administrativa y contable» derivada del «procés» independentista entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. La iniciativa, que el PSOE registró este lunes en el Congreso, consta de 16 artículos y una amplia exposición de motivos, que ha sido la parte más discutida en las negociaciones y que refleja la apuesta de todas las partes por resolver el conflicto, con múltiples referencias a la Constitución española. Además, prohíbe indemnizaciones o restituciones de penas. Más allá del perdón a los implicados en el «procés», los socialistas han hecho distintas concesiones a cada partido. Con ERC pactaron el traspaso total de Rodalíes al Govern y una condonación de la deuda de Cataluña que será aplicable también para el resto de comunidades autónomas. En el acuerdo también figura «implementar una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Cataluña». En cuanto al texto acordado con Junts, se explicita que el partido de Puigdemont propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución y que el PSOE «defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de la región. Se apuesta, también, por »la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales. En su reunión con el rey, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, trasladó que no negociaría con el PSOE hasta que convenciera a Junts y ERC. Una vez cerrados los acuerdos con los independentistas catalanes, Sánchez y el líder del PNV, Andoni Ortuzar, sellaron un acuerdo el pasado 10 de noviembre que aseguraba el apoyo a la investidura y la «estabilidad a la legislatura». Las condiciones del PNV pasan por avanzar en el autogobierno vasco. El documento firmado por ambas formaciones consta de 10 páginas con una batería de compromisos y un calendario para su cumplimiento. Recoge, por ejemplo, ampliar las «transferencias de competencias a Euskadi aún pendientes en el plazo improrrogable de dos años», que es el periodo máximo que se fijan. Entre ellas, es incluyen los ferrocarriles, que el acuerdo contempla en el plazo de tres meses, así como la potestad para homologar y convalidar títulos en el extranjero. Por parte de EH Bildu, no ha trascendido si existe un acuerdo con los socialistas, pero la formación abertzale ya avisó de que no pondría líneas rojas a Sánchez y cabe esperar que reclame medidas sociales de mayor calado al Ejecutivo. A juzgar por su actividad parlamentaria durante la pasada legislatura, lo previsible es que cedan sus seis votos a cambio de medidas sociales de mayor calado que las ya pactadas con Sumar. El BNG ha seguido la estela de los nacionalistas catalanes y vascos. También ofrecerá el voto de su único diputado, Néstor Rego, en este caso a cambio de 22 compromisos, centrados en la mejora de infraestructuras en Galicia, en ampliar el autogobierno de la región y en proteger la lengua gallega. El documento incluye, además, garantías para que Galicia mantenga la misma posición que Cataluña y País Vasco en caso de «cualquier modificación de la estructura del Estado». Coalición Canaria ha sido el último partido en ofrecer su apoyo a Sánchez. Lo ha hecho a cambio de la consolidación de la subvención al transporte aéreo y marítimo para los ciudadanos de las islas y la gratuidad de las guaguas y tranvías. Asimismo, el pacto implica solidaridad en la política migratoria, la transferencia de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía y la aplicación de compensaciones por la lejanía e insularidad de Canarias.

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La ley de amnistía ha sido la principal moneda de cambio para llegar a La Moncloa, pero no la única

José Rodríguez Sojo

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