De los impuestos y la financiación autonómica a la jornada laboral: la factura económica de la investidura

La amnistía es el acuerdo que ha generado más debates en la sociedad española, la que ha sacado a cientos de miles de personas a la calle en todo el país.

Pero además de esta medida de gracia, en los acuerdos que han alcanzado el PSOE con el resto de fuerzas parlamentarias para amarrar la investidura, hay varios aspectos económicos importantes: desde la transferencia de competencias a algunas comunidades autónomas hasta varias medidas del ámbito laboral que ha pactado con Sumar. Estos son los aspectos más relevantes de los acuerdos.

Impuestos y la financiación autonómica

Lo que ha pedido Junts per Catalunya es una “cláusula de excepción que facilite la cesión del 100% de todos los impuestos que se pagan en Catalunya”. Es una reivindicación que ya se puso sobre la mesa en 1989 con Jordi Pujol; durante el Procés cuando era president de la Generalitat, Artur Más; hoy con Puigdemont también se ha hablado de ello, pero el PSOE reconoce que aquí no hay acuerdo. Lo que sí está firmado, con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), es una reforma de la financiación autonómica que afectará a todas las comunidades autonómicas en un plazo de dos años.

Quien sí ha conseguido un acuerdo en el ámbito fiscal, es Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha firmado una “condonación de 15.000 millones de euros de deuda con Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)”. Este punto ha soliviantado a muchas comunidades autónomas, porque aunque desde el Gobierno se ha asegurado que será para todas las autonomías, consideran que perjudica a las que han conseguido mantener un menor nivel de deuda con el FLA.

Todos los presidentes autonómicos del PP se han manifestado en contra. Primero, porque es una manera de premiar a una comunidad que no ha “hecho sus deberes fiscales”. La eliminación de esa deuda afecta de manera muy desigual, mientras a Cataluña le exime de un pago de 15.000 millones, la deuda que se le perdona a Castilla y León, no llega a los 450 millones de euros.

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Las transferencias de competencias

La gestión de cercanías es un punto que figura tanto en el acuerdo PSOE - ERC, como en el acuerdo PSOE - PNV. En el documento firmado entre socialistas y republicanos figura el acuerdo de “culminar y ampliar el traspaso integral, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario de rodalies de Catalunya”. Para ese traspaso se han dado 4 años.

Algo similar han firmado los nacionalistas vascos, aunque en un periodo de tiempo más breve. En tres meses se producirá la cesión de “ferrocarriles”, dice el documento, “en los términos de la última propuesta remitida por el Gobierno vasco”. En cuanto a los nacionalistas gallegos, representados por el BNG, el acuerdo recoge que “antes del final de legislatura, Galicia contará con servicio de Cercanías, priorizando los tramos Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol”.

Sumar y la jornada laboral

La organización que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, ha apostado por una agenda laboral. Su principal reivindicación es la jornada laboral de 37.5 horas semanales —la actual es de 40 horas—. Su intención es que España se acerque a la media europea. En nuestro país, el promedio de horas trabajadas al año se sitúa en las 1.577, frente a las 1.332 de Alemania, las 1.346 de Dinamarca o las 1.367 de Reino Unido. España es de los países de la OCDE que más trabaja, pero se sitúa a la cola en cuestión de eficiencia.

Pero esa reducción de horas, iría más allá. En el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar se plantean dos fases. Una primera, a desarrollar entre 2024 y 2025, que reduciría la jornada laboral a las 37.5 horas. Se tramitaría como un anteproyecto de Ley, por lo que deberá aprobarlo el Congreso. En la segunda fase, pensada para la segunda mitad de la legislatura, reduciría aún más la jornada laboral, pero en esta ocasión se aprobaría en un acuerdo con los agentes sociales.

Todavía en el ámbito laboral, otro aspecto que se propone abordar Sumar es el despido. Un aspecto que se quedó fuera de la reforma laboral, que llevo a algunos socios, como ERC y Bildu, a votar en contra, y que para esta legislatura el partido de Yolanda Díaz quiere abordar. Con la reforma laboral del PP en 2012 el despido se abarató.

El despido improcedente pasó de costar 45 días de sueldo por cada año trabajado, con un máximo de tres años y medio, a 33 días por año trabajado, con un máximo de dos años.

Todavía no se conocen los detalles de la nueva ley, pero el abaratamiento del despido siempre ha sido una reivindicación de los empresarios, que hablan de flexibilidad de contratación. Del mismo modo, los sindicatos llevan reclamando su encarecimiento más de una década, aseguran que es un mecanismo efectivo para proteger a los trabajadores.