EEUU pide a España extraditar a uno de los fugitivos más buscados por el FBI
La Audiencia Nacional estudia la petición de EEUU para sacar de España a Michael James Pratt, que fue detenido en Madrid en diciembre
Michael James Pratt, buscado por el FBI. / FBI
El neozelandés Michael James Pratt, al que reclama EEUU por delitos de pornografía y que era uno de "los diez fugitivos más buscados" por el FBI hasta su detención en Madrid en diciembre, se ha opuesto a ser extraditado y ha negado los hechos que se le imputan y que forme parte de una organización criminal.
Lo ha hecho en la vista de extradición que se ha celebrado este jueves en la Audiencia Nacional y en la que su abogado ha pedido que en el caso de que se acceda a la entrega, como pide la Fiscalía, se exijan garantías "expresas" a Estados Unidos de que no se le podrá imponer cadena perpetua y solo pueda ser condenado a una pena "limitada".
Cuando se le detuvo en un hotel de Madrid, estaba siendo buscado por el FBI por delitos de pornografía infantil en relación con los abusos sexuales que sufrieron al menos 16 chicas, una de ellas menor, a las que habría engañado con falsas promesas de trabajo como modelo para después obligarles a grabar vídeos porno.
Su abogado ha expuesto que Pratt, de 40 años, ya fue condenado en 2016 por la vía civil por una serie de perjuicios a chicas que denunciaron a su empresa por la difusion de esas grabaciones.
Al no pagar las indemnizaciones que le fueron impuestas, fue cuando, según el abogado, las demandantes optaron por recurrir a la vía penal y fue ahí cuando le acusaron de abuso sexual. Para el letrado no se entiende que ante un delito tan grave escogieran esa opción en segundo lugar.
A este respecto ha destacado además que no pueden darse dos precedimientos en distintas jurisdicciones por los mismos hechos, lo que ya sería motivo para rechazar la extradición. "En España esa doble vía sería imposible", ha resaltado.
También ha considerado "improcedente" la reclamación porque los hechos podrían estar "eventualmente prescritos", ya que no fue hasta 2022 cuando supo de esta investigación penal, y ha sostenido que en EEEUU, cuando los delitos no llevan aparejada la pena de muerte, si en cinco años no se ha realizado la acusación los hechos quedan prescritos.
Ha defendido además que el reclamado no pertenece a ninguna organización criminal por ser directivo de una entidad dedicada al cine de adultos en la que todos los contratos fueron regulares y se pueden revisar, y ha resaltado que las acusaciones son de una "absoluta" inconcreción.
Por su parte la fiscal ha mantenido que concurren los requisitos para acceder a la entrega y ha explicado que los hechos son constitutivos en España de 16 delitos de agresión sexual, otros tantos delitos de explotación sexual de mujeres y de una menor, y de un delito de organización criminal.
Según la reclamación, Pratt se dedicaba en California a la producción audiovisual de pornografía y reclutaba mediante engaños a menores y mujeres jóvenes, publicando anuncios en internet en los que ofrecía trabajos de modelo.
Gran parte de esa producción se produjo entre 2012 y 2019 acabó en páginas web abiertas, donde generó unos beneficios de más de 17 millones de dólares.
Cuando las mujeres respondían al anuncio, el reclamado y otros integrantes de la red les ofrecían entre 3.000 y 5.000 dólares por participar en la producción de vídeos porno.
Se comprometían a mantener su anonimato y las persuadían de que sus vídeos solo los vería un coleccionista privado con residencia en Australia. Después, en la grabación de los vídeos, nunca se cumplían las condiciones prometidas.
Así, cuando las chicas rechazaban continuar debido al daño físico que sufrían o se negaban a efectuar algunos actos sexuales eran presionadas para continuar bajo toda serie de amenazas.
Además, en el momento en que conocían que sus vídeos eran públicos, pedían sin éxito que los retiraran. A consecuencia de ello perdieron sus trabajos o abandonaron sus estudios, fueron acosadas por conocidos o desconocidos y algunas de ellas intentaron suicidarse.
