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Perú amplía el estado de emergencia por las protestas que se han cobrado la vida de al menos 69 personas ya

Varios periodistas han denunciado agresiones por parte de la Policía. Los ciudadanos peruanos continúan pidiendo el adelanto de las elecciones generales para octubre después de que el viernes el Congreso volviera a rechazarlo

peruano ante el dispositivo policial desplegado como respuesta a las protestas / ERNESTO BENAVIDES

peruano ante el dispositivo policial desplegado como respuesta a las protestas

Madrid

El Gobierno de Perú ha declarado este domingo el estado de emergencia en los sureños departamentos de Madre de Dios, Apurímac, Arequipa y Moquegua por 60 días, y prolongó por el mismo periodo la medida en las regiones de Cuzco, Puno y Tacna para controlar las protestas que se han cobrado la vida de 69 personas. A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo ha extendido el estado de emergencia a estas zonas donde se siguen produciendo las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta del país, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional e se incluye Arequipa. Asimismo, el Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.

Quedan suspendidos los derechos constitucionales

El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos "los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales". La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, "con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas".

El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación". Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 04.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, 69 personas han perdido la vida, la mayoría de las cuales eran manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, uno era policía y una veintena más murieron por hechos relacionados con las movilizaciones.

Las protestas continúan

De hecho, este sábado miles de manifestantes se concentraron durante la jornada del sábado en Lima, capital de Perú, para continuar exigiendo la dimisión de la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, y del resto de los miembros de un Parlamento que el viernes rechazaron una vez más el adelanto de las elecciones generales para octubre de 2023 que propuso el Gobierno. Las protestas en la capital han dejado hasta ahora 26 detenidos, entre ellos un menor, y 24 personas heridas, de las cuales cinco han tenido que ser hospitalizadas.

Las movilizaciones han comenzado alrededor de las 15:00 (hora local) en la Plaza 2 de Mayo y los manifestantes se han dirigido hacia la avenida Alfonso Ugarte, con rumbo hacia la Plaza Bolognesi. El dispositivo policial impidió a los manifestantes entrar en la calle que conduce al edificio del Congreso y echo mano de gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la multitud provocando varios enfrentamiento. Los ciudadanos respondieron lanzando al dispositivo policial piedras y artefactos pirotécnicos. También se han registrado protestas antigubernamentales en Cusco, donde la gente bloqueó las principales carreteras, interrumpiendo el tráfico.

La comisión legislativa de Constitución del Parlamento archivó el viernes una propuesta presentada por Boluarte para adelantar las elecciones presidenciales y al Congreso a finales de 2023. La negativa del parlamento se produce a pesar de las manifestaciones diarias que comenzaron hace ya casi dos meses, cuando Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el poder en sustitución del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Parlamento en un fallido golpe de Estado.

En menos de dos meses, 69 personas se han dejado la vida en las protestas sociales, entre ellas 47 manifestantes que fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, un policía y una veintena de personas que murieron por hechos derivados de las manifestaciones, como los cortes y bloqueos en las carreteras de todo el país.

Varios periodistas denuncian agresiones de la Policía mientras cubrían las protestas

Al menos una reportera, Patricia Lucho, y un fotoperiodista, Juan Zapata del periódico digital Wayka, fueron golpeados el sábado por la Policía mientras cubrían la marcha antigubernamental de Lima. Los agentes allí presentes "restringieron" la cobertura de un equipo de prensa que registraba presuntos abusos de fuerza por parte de la Policía, según denunció la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Los periodistas han asegurado además que los miembros de las fuerzas de seguridad les insultaron, registraron sus pertenencias y les golpearon en la cabeza y en cámara, dañando lente. A Patria Lucho le agredieron mientras grababa cómo los agentes "cercaban a manifestantes y les arrebataban sus implementos de protección". Ante esto, otro reportero de Wayka, Rael Mora, se acercó a defenderla e intentaron proceder a su detención, explican desde la ANP.

El gremio de periodistas de Perú ha denunciado que los agentes querían con sus acciones restringir la cobertura de un equipo de prensa de un colectivo denominado "Coordinadora 14N", cuando registraba "excesos cometidos en la detención de manifestantes". Sobre este último caso, la asociación compartió el vídeo en el que se percibe cómo una decena de uniformados rodea a un manifestante y uno de ellos lo empuja hasta que cae al suelo, donde recibe un golpe con la porra. El viernes pasado, la ANP informó de que un total de 153 periodistas fueron atacados durante la cobertura de las protestas antigubernamentales en Perú desde que arrancaron en diciembre pasado. La organización detalló que, solo en enero, los ataques a periodistas sumaron 94, la mayoría de ellos ocurridos en Lima y con agentes policiales como principales agresores.

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