La Justicia británica simplifica los trámites para los ciudadanos europeos que residan en el Reino Unido
El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea hacía una distinción entre ciudadanos "asentados" y "preasentados". Si estos últimos no pedían un permiso definitivo al llevar cinco años en el país, podrían ser incluso deportados
Un ciudadano camina por el corazón de la zona financiera de Londres. Archivo. / ANDY RAIN (EFE)
Londres
El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado este miércoles que los ciudadanos comunitarios que llevaban menos de cinco años viviendo en el Reino Unido cuando se materializó el Brexit, en enero de 2021, no tendrán que pasar un nuevo trámite para conservar sus derechos.
El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea establece que los comunitarios que ya residían en territorio británico antes de la ruptura conservan todos sus derechos adquiridos, incluidos los de residencia y trabajo.
El sistema que estableció el Gobierno británico para garantizar esas prerrogativas permitía solicitar el estatus de "asentado" a los comunitarios que llevaran más de cinco años en el Reino Unido, y creó al mismo tiempo el estatus de "preasentado" para quienes llevaban menos tiempo en el país.
Los 2,6 millones de ciudadanos en ese último grupo debían hasta ahora demandar el permiso definitivo una vez cumplidos cinco años, un trámite que la Justicia ha dictaminado ahora que incumple el tratado que firmó el Reino Unido con la UE.
Los jueces consideran que los comunitarios clasificados como "preasentados" perderían sus derechos si no cumplimentaran ese trámite, o bien si el Ejecutivo les denegara el estatus completo.
"Si una persona con ese estatus no hace una nueva petición, el efecto de ese sistema es que esa persona pierde automáticamente su derecho a residir en el Reino Unido, se convierte en ilegal y puede ser detenida y deportada", ha explicado durante el proceso el abogado Robert Palmer, representante de la Autoridad Independiente de Control (IMA, en inglés).
Ese organismo, establecido en el acuerdo del Brexit para proteger a los ciudadanos comunitarios en territorio británico tras la ruptura con la Unión Europea, fue el que inició el proceso judicial contra el Ministerio de Interior del Reino Unido.
