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El Poder Judicial cuestiona algunas claves de la reforma de la ley del aborto de Irene Montero

El CGPJ quiere que los padres sepan que sus hijas de 16 y 17 años abortan

La ministra de Igualdad, Irene Montero, interviene en el acto 'Con todas, por todas', organizado por Podemos el pasado 26 de noviembre en Madrid

La ministra de Igualdad, Irene Montero. / Europa Press News

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

Madrid

El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma del aborto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, da una de cal y otra de arena sobre que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento familiar. Admite que es una opción del legislador que no contraviene ni normas internacionales ni el marco normativo vigente que les reconoce autonomía suficiente para decidir sin intervención parental.

Sin embargo, el dictamen considera que los padres deben conocer la decisión de su hija para poder desempeñar la patria potestad y las funciones de orientarlas en ámbitos tan importantes como el de la salud y el bienestar de los menores. Por eso, el Consejo destaca que la legislación actual que obliga a las menores a tener la autorización familiar también es válida porque recuerda que si hay conflicto se puede resolver ante el juez.

También cuestiona el Poder Judicial la creación de las bajas laborales por reglas dolorosas que establece la reforma de la ley del aborto de Igualdad. Considera que tener que especificar la causa de la ausencia al trabajo puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización para las mujeres en el mercado laboral. Sobre la regulación de la objeción de conciencia de los médicos, no pone ninguna pega y avala la creación del registro de objetores. La ponentes del informe han sido las vocales Rose Bach y Ángeles Carmona. Será debatido en el pleno del Consejo del próximo día 22.

El Poder Judicial defiende además que los abortos se puedan seguir realizando en las clínicas privadas acreditadas y no solo en la sanidad pública como propone Igualdad. Se opone a suprimir los tres días obligatorios de reflexión que tiene que guardar la mujer porque considera que refuerza una decisión consciente y meditada y critica por último la eliminación del sobre con información que incluye alternativas para la maternidad.

 
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