La vicepresidenta de Ceuta asegura ante la jueza que el Gobierno amparó la expulsión de menores a Marruecos: "Teníamos conversaciones diarias"

Madrid

La vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, defiende su papel en la devolución a Marruecos de 55 menores de edad en el verano de 2021 y carga la responsabilidad al Gobierno de España. En su declaración ante la jueza, Deu (PP), asegura en varias ocasiones que el Gobierno conocía el procedimiento y que amparó la actuación de la ciudad autónoma. Tanto ella, como la delegada del gobierno, están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta.

“Había comunicaciones directas con el Gobierno de España a través de la Vicepresidencia Primera del Gobierno (...), con el Ministerio de Derechos Sociales, con el Ministerio de Interior y con otros ministerios, como el de Exteriores, para trabajar de forma transversal”, aseguró Deu ante la jueza el miércoles de la semana pasada. Según el relato de la vicepresidenta, las conversaciones con el Gobierno de España eran casi diarias. “Tengo conversaciones prácticamente todos los días y a diferentes horas intempestivas, también de noche, con la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España y con el Ministerio de Interior”.

La jueza está investigando si la vicepresidenta y la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, cometieron un delito de prevaricación al devolver a Marruecos a 55 niños en agosto de 2021. El 17 y el 18 de mayo de ese año, alrededor de 15.000 personas entraron a Ceuta cruzando la frontera del Tarajal. De esos, cerca de 1.200 eran menores de edad. La ciudad autónoma los acogió en distintos recursos y asumió su tutela.

A los pocos días, la vicepresidenta, María Isabel Deu, se dirigió a la Delegación del Gobierno pidiendo la aplicación de un acuerdo - que España y Marruecos firmaron en marzo de 2007 - para devolver a los menores. Argumentó que los servicios de la ciudad estaban “desbordados”. El 10 de agosto recibió el visto bueno del Ministerio de Interior que en un correo electrónico le pidió que "se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”. Les dio tiempo a devolver a 55 menores antes de que un juzgado ceutí ordenara la paralización de las expulsiones ante las denuncias de varias ONGs.

La Justicia, en un procedimiento contencioso-administrativo, ya declaró ilegales aquellas devoluciones. Lo que está haciendo ahora el Juzgado de Instrucción de Ceuta, es investigar si la vicepresidenta de la ciudad autónoma y la delegada del Gobierno cometieron un delito de prevaricación, es decir, si devolvieron a los menores sabiendo que lo que hacían era ilegal, como apunta la Fiscalía.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

"Me guío por los servicios jurídicos del Gobierno"

La argumentación de María Isabel Deu se basa en afirmar que lo que hizo la ciudad autónoma, ante una situación “excepcional” y siempre con el visto bueno de Interior, fue aplicar el acuerdo suscrito entre Marruecos y España. “El Gobierno de España trabaja desde el 17 de mayo hasta agosto para poner en marcha y activar ese impulso del acuerdo, que es lo único que solicita la ciudad”, explica la vicepresidenta en su declaración ante la jueza. “Entiendo que tenemos una coordinación con el Gobierno de España, donde diferentes ministerios tienen los servicios jurídicos pertinentes y que, a través del estudio, trabajo en equipo y conversación con el Reino de Marruecos, se llega a permitir, o a decir, que este acuerdo marco se puede poner en marcha”.

El problema es que ese acuerdo recoge, en su artículo 5.1, la obligación de cumplir “la legislación española, la normas y principios de derechos internacional y lo establecido en la Convención sobre Derechos del Niño”. Y eso, según la Justicia, no fue así. No se comprobó que el interés del menor se satisfacía con la reagrupación familiar; no se determinaron sus circunstancias familiares concretas; no se les informó de sus derechos; y no se les permitió hacer alegaciones. Ante eso, la vicepresidenta asegura que ella no tiene “conocimientos jurídicos” y que, por lo tanto, se “guía por los conocimientos jurídicos y servicios jurídicos del Gobierno de España”. Esto a pesar de que, tal y como figura en el sumario, la jefa del área de menores de Ceuta, Antonia Palomo, advirtió, en diversas ocasiones, de que el procedimiento que iban a poner en marcha no cumplía el ordenamiento jurídico.

Un día después de su declaración ante la jueza, Mabel Deu solicitó la declaración, como testigo, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez y de la ex directora de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

La defensa de la vicepresidenta ceutí también ha pedido que declare el coordinador de la Fundación SAMU, que se encargó de la acogida de los menores y que, el 13 de agosto, el día que comenzaron las devoluciones, expresó al Gobierno de Ceuta su preocupación por su “situación de vulnerabilidad”.

En un informe de ese mismo día, la Fundación SAMU, tal y como contó El Confidencial, recogió la situación de “desconcierto e incertidumbre” que vivieron los menores ante la posibilidad de ser devueltos a Marruecos, llegando incluso a autolesionarse. Sin embargo, la vicepresidenta, a preguntas de la Fiscalía, aseguró desconocer ese rechazo. “Yo tuve conocimiento de lo que yo oí: aplausos y alguna lagrimilla, como cuando uno se va de un campamento”. María Isabel Deu optó por no responder a las preguntas de la acusación popular que ejerce la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. El 15 de septiembre es el turno de Salvadora Mateos, la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma.