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Unidas Podemos propondrá en el Congreso rebajar a 20 años el plazo para desclasificar secretos oficiales

El presidente del Grupo Confederal, Jaume Asens, denuncia en conversación con la SER que el plazo de más de medio siglo fijado en la nueva Ley de Información Clasificada "es un signo de debilidad democrática"

El diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, interviene durante el debate sobre el estado de la nación. / Mariscal (EFE)

El diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, interviene durante el debate sobre el estado de la nación.

Unidas Podemos propondrá en el Congreso que el plazo máximo para mantener ocultos los secretos más delicados del Estado, los llamados "altos secretos", sea de 20 años, y de 10 para los "secretos". Esa es la propuesta que plantearán los morados cuando la norma llegue al Congreso, según avanza a la SER el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Jaume Asens, porque consideran que ese plazo de más de medio siglo fijado en la ley para la información más sensible es “un signo de debilidad democrática y no de fortaleza democrática”.

“Por eso vamos a intentar negociar y proponemos unos plazos mucho más cortos”, recalca Asens en conversación con la SER, tras conocer esa iniciativa del Ministerio de la Presidencia, aprobada este lunes en primera vuelta en el Consejo de Ministros, sin el apoyo de Unidas Podemos. Eso sí, según explicaron a la SER fuentes moradas, se trata de una "discrepancia pactada", es decir, no van a torpedear la ley, pero están decididos a cambiarlos, primero en la negociación dentro de la coalición pero, sobre todo, en la tramitación parlamentaria posterior, con ese objetivo de fijar el plazo de desclasificación para los “altos secretos” a 20 años, y para los “secretos”, a 10 años.

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Se trata, según destaca Asens, de unos plazos más cortos incluso que los que propone el PNV, que lleva años pidiendo la reforma de esta ley que data de 1968. Tanto los nacionalistas vascos como el resto de los principales socios parlamentarios del Gobierno, como EH Bildu, ERC y Más País, ya han rechazado la iniciativa del Ejecutivo, por lo que en estos momentos no cuenta con la habitual mayoría de la investidura para salir adelante. Un motivo más, según Unidas Podemos, para modificar esa propuesta inicial.

Unidas Podemos quiso hacer público su rechazo a esa iniciativa, con un aviso: “una democracia como la española no debe tener miedo a saber”. Fuentes del socio minoritario del Gobierno explican a la SER que el PSOE les ha trasladado su intención de negociar el texto, por lo que se muestran confiados de lograr un acuerdo, ya sea para cuando el proyecto de ley vuelva en segunda vuelta la Consejo de Ministros o durante la tramitación parlamentaria.

Ley "con el freno puesto"

“Siempre hemos dicho que no hay que tenerle miedo a la verdad. Pensar que puede poner el peligro al Estado que la gente sepa la verdad es tener una visión muy estrecha de la democracia”, critica Asens. “Con esta propuesta del Consejo de Ministros, esta ley nace un poco con el freno puesto. Parte de la idea del miedo de que la ciudadanía sepa. Creo que uno de los niveles de calidad democrática de un país se mide por la capacidad que tiene un gobierno de proporcionar información veraz explicar la verdad a los ciudadanos, tratándolos como adultos responsables, no como menores. Son asuntos públicos”, recalca el presidente del Grupo Confederal.

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La nueva legislación prevé crear cuatro categorías, según el grado de protección que requieran. Hasta ahora solo existían dos, secreta y reservada. Los nuevos tipos serán, de mayor a menor sensibilidad: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La mayoría de países de nuestro entorno, también los organismos internacionales más importantes, se rigen por cuatro niveles, lo que facilitaría, según el Gobierno, el intercambio de datos y los procesos de desclasificación.

Y otro de los argumentos que esgrimen los morados para pedir esta reducción de plazos en otros países europeos es mucho menor. “Si tu miras lo que ha sucedido en otros países, como siempre, España es una anomalía, una excepción. Los plazos son mucho más cortos en los países de nuestro entorno, como Alemania o Portugal, que son máximo 30 años”, señala Asens.

 
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