Los "altos secretos" de Estado tardarán medio siglo en ver la luz
El Consejo de Ministros aprueba este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Secretos Oficiales, que por primera vez estipula un proceso para hacer pública la información reservada. La autoridad encargada de hacer propuestas de desclasificación de los documentos o archivos más sensibles deja de estar en manos de Defensa y pasa al Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y MemorarÍa Democrática, Félix Bolaños, en una foto de archivo. / CATI CLADERA (EFE)
Madrid
España tendrá una ley de Secretos Oficiales adaptada a la Constitución, similar a las que existen en otros países de la Unión Europea y alineada con las recomendaciones de la OTAN. Pero aun así, los secretos de mayor implicación tardarán medio siglo en darse a conocer. El Consejo de Ministros aprueba este lunes el Anteproyecto con el que el gobierno quiere enterrar definitivamente el de la etapa franquista, que está hoy en vigor, y que no fija ningún plazo de desclasificación de documentos o archivos considerados sensibles. Según la normativa actual, pueden permanecer ocultos eternamente. El texto que maneja el ejecutivo contempla, por primera, un proceso para hacer pública esa información, aunque la más sensible tardará 50 años en ver la luz.
La nueva legislación prevé crear cuatro categorías, según el grado de protección que requieran. Hasta ahora solo existían dos, secreta y reservada. Los nuevos tipos serán, de mayor a menor sensibilidad: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La mayoría de países de nuestro entorno, también los organismos internacionales más importantes, se rigen por cuatro niveles, lo que facilitaría, según el Gobierno, el intercambio de datos y los procesos de desclasificación.
En función de esa escala se fijarán también los plazos para poder acceder a los documentos. Los de más sensibilidad podrán guardarse bajo llave durante 50 años, incluso podrían prorrogarse en algunos casos. Los que no comprometan especialmente la seguridad, hasta 4. El PNV, partido que ha estado durante varias legislaturas reclamando la reforma de esta ley, proponía en un texto registrado en el Congreso que ese plazo no excediera los 25 años. Ese es el tiempo que se utiliza en Estados Unidos. En otros países como Alemania oscila entre los 30 y los 60. En Francia se utiliza el mismo plazo que pretende instaurar nuestro país.
Félix Bolaños asume la autoridad para desclasificar
La ley establece una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, con competencias, entre otras, de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio. También de relación con los organismos internacionales en la materia. Esa autoridad, que va a residir en el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, se encargará de proponer la desclasificación de los documentos o archivos, aunque será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra. En la legislación que está en vigor, esa autoridad reside (además de en el gobierno) en la Junta de Jefes Estado Mayor, dependiente del Ministerio de Defensa, un organismo que ya no existe.
Fuentes del Palacio de La Moncloa defienden que la mayoría de países de nuestro entorno y de la UE y en la OTAN esa autoridad nacional se ubica en ministerios transversales y de coordinación interministerial porque los asuntos que sobre los que tratan implican a distintos departamentos. En el que dirige Margarita Robles confirman que están satisfechos con la redacción definitiva del texto en la que participaron en un primer momento.
Podemos discrepa de la ley y podría no apoyarla
Unidas Podemos no está conforme con el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que aprobará el Consejo de Ministros esta tarde, y podría plantearse no apoyarla en la tramitación parlamentaria y descolgarse nuevamente de una ley del Gobierno de coalición.
Aunque hay margen para la negociación entre los dos socios, esta nueva legislación podría desencadenar el enésimo choque en el Ejecutivo de coalición y además provocar que Unidas Podemos se desmarque por segunda vez de una ley del Gobierno, como hizo al abstenerse en la votación de la nueva ley audiovisual, el pasado 26 de mayo.
En este contexto de discrepancias entre ambos, sigue pendiente la reunión de la mesa de seguimiento del pacto de coalición de gobierno que solicitó la vicepresidenta, Yolanda Díaz, tras el choque por el aumento del gasto militar (un crédito extra de 1.000 millones de euros) el pasado 5 de julio. Y sobre esta reunión, Sánchez, en una rueda de prensa en Tirana (Albania), ha subrayado su disposición a que ese encuentro se produzca, insistiendo en que el diálogo entre los socios "siempre es importante", pero sin concretar nada.
La primera y única convocatoria de esta mesa hasta ahora se produjo el pasado 25 de octubre para hablar sobre todo de la reforma laboral, que también hizo saltar las chispas entre ambos, sin llegar en ese momento a un acuerdo.
