El Gobierno murciano pide financiación y un plan de recursos humanos ante la nueva Ley de Dependencia

Murcia

El Gobierno regional solicita una memoria económica y un plan de recursos humanos para poder hacer frente al incremento de servicios que incluye la nueva Ley de Dependencia y Discapacidad, ya que “sin garantía de financiación, la normativa queda reducida a una declaración de intenciones, y no a una realidad que permita mejorar el sistema estatal de la Dependencia”.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, hizo estas declaraciones durante el pleno ordinario del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia, celebrado hoy en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Ruiz destacó que “el Ejecutivo central ha vuelto a plantear una ley sin recursos y, una vez más, de espaldas a las comunidades autónomas” y añadió que “el Gobierno de la Región de Murcia siempre apoyará iniciativas que fortalezcan los derechos de las personas dependientes de la Región de Murcia y que sirvan para mejorar su calidad de vida, pero resulta incomprensible que el Ejecutivo central promueva la ampliación y mejora del catálogo de servicios de la dependencia, cuando sigue sin asumir su responsabilidad del 50 por ciento de financiación para garantizar los derechos reconocidos en el actual sistema”.

La titular de Política Social preguntó al ministro, Pablo Bustinduy, “hasta cuándo las comunidades autónomas vamos a seguir soportando con fondos propios la mayor parte de los gastos de la dependencia” que, en el caso de la Región de Murcia superó los 332 millones el año pasado (40 millones más que en 2023), siendo más de 244 millones asumidos por el Gobierno regional, frente a los 88 que aporta el Estado. “Una carga presupuestaria que ya resulta asfixiante y que será aún mayor si se hace efectiva esta nueva reforma, al carecer de una viabilidad económica que la acompañe”.

La falta de financiación por parte del Estado también se extiende a la Estrategia de Desinstitucionalización ya que, tal y como resaltó la consejera “sigue sin evaluarse el coste real de lo que supone prestar apoyo y una atención de calidad a las personas que eligen permanecen en su hogar”.

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Destacó el importante esfuerzo presupuestario que se está haciendo desde el Gobierno regional en este sentido para, por ejemplo, digitalizar el servicio de teleasistencia, beneficiando a más de 12.600 personas dependientes (un 32 por ciento más respecto al ejercicio anterior), como también para atender la creciente demanda del servicio de ayuda a domicilio, que en la actualidad alcanza a 3.892 beneficiarios, casi un 20 por ciento más que en 2023. Incluso la Comunidad ha ampliado el número de prestaciones en más de un 14 por ciento a lo largo del pasado año.

En cuanto al presupuesto destinado este año al Plan de Desarrollo Gitano y a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, la consejera reclamó que “sigue siendo insuficiente”.

En el primero de los casos, la financiación no ha experimentado variación alguna con respecto a otros años, máxime cuando 2025 ha sido declarado ‘Año del Pueblo Gitano’ por el Consejo de Ministros. En el segundo, la financiación estatal continúa sin incrementarse desde hace tres años, “por lo que la comunidad autónoma y las entidades locales deben responder casi a la totalidad de la anualidad con fondos propios. En esta ocasión, el Estado aporta 3,5 millones, mientras que la Comunidad, junto con los ayuntamientos de la Región, sufraga los 26,5 millones de euros restantes”, resaltó Ruiz.

La consejera también añadió que “la realidad que estamos viviendo en todo el país, y muy especialmente, en la Región de Murcia, es que las familias tienen que hacer una verdadera gimkana para llegar a final de mes, por lo que los fondos deberían adaptarse al desequilibrio estructural de cada comunidad ya que, en las zonas del sur, las cifras son más preocupantes”.

Derechos Sociales expone ante las consejeras autonómicas la reforma del modelo de cuidados y recuerda que la financiación se ha incrementado un 150% desde 2020

El Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos también han coincidido en la necesidad de mejorar la financiación de la Dependencia para ofrecer a la ciudadanía el mejor servicio con el menor tiempo posible de espera. Para ello, desde Derechos Sociales han subrayado la urgencia de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado

De esta manera, desde Derechos Sociales se espera poder continuar el esfuerzo inversor realizado en los últimos años por el Gobierno de coalición, que ha incrementado un 150% la financiación en Dependencia desde 2020 haciendo posible que en el último año, en 2024, la aportación estatal al sistema se elevara hasta la cifra récord de 3.411 millones de euros.

Esta cantidad, destaca Derechos Sociales, es el triple que lo que se invertía en el año 2014, cuando su aportación se limitaba a 1.130 millones de euros. Por otro lado, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha resaltado también que se han transferido a los gobiernos autonómicos dos partidas adicionales procedentes de fondos europeos, concretamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por un lado, 1.500 millones de euros que los gobiernos autonómicos deberán ejecutar en este 2025 y en 2026 para acometer obras de transformación en centros residenciales y su adaptación al nuevo modelo, y que tendrá un impacto en 90.000 plazas. Por otro lado, Derechos Sociales ha transferido 367 millones de euros para la instalación de equipamientos y tecnología que fomenten la autonomía personal, como es el caso de la teleasistencia, en todas las Comunidades Autónomas.