La jueza abre juicio oral al exconsejero Antonio Cerdá y otros 14 responsables del proyecto de la desaladora de Escombreras
Fiscalía pide 14 años de prisión para el que fuera titular de Agricultura y Agua en el gobierno de Valcárcel. La magistrada mantiene de "forma preventiva" la prohibición de disponer de esta desaladora
Desaladora de Escombreras / Cadena Ser
Murcia
La jueza de instrucción número 5 de Murcia ordena la apertura de juicio oral a 15 de los investigados, entre los que se encuentran el que fuera consejero de Agricultura y Agua en la época del gobierno regional de Valcárcel, Antonio Cerdá. En este caso conocido como La Sal o caso Desaladora, se investigan los delitos de prevaricación continuada en concurso real con el delito continuado de fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
Además de a Cerdá, la jueza abre juicio oral a las mercantiles Actividades de Construcción y Servicios (ACS); Hydro Management SL; Cobra Concesiones SL; Moncobra SA; Tedagua SA; Cobra Instalaciones y Servicios S.A; Cobra Gestión de Infraestructuras y Moncobra SA como posibles responsables civiles subsidiarios. Y a las empresas Ariño y Asociados SL; Despacho González Varas y Arnaldos Abogados SLP como participes a título lucrativo.
Según han informado fuentes judiciales, esta primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución judicial denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hydro Managemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”.
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por en el que solicitaba penas de 8 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 15 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La acusación solicita, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado de 70 millones de euros. . Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros. Entiende la Comunidad que esta es la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito. Tanto el Ministerio Fiscal como la Comunidad Autónoma, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora.
En este sentido, se requiere a los acusados para que presten fianza de 70 millones de euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse". Tal y como añaden las mismas fuentes, se establece, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente. Responsabilidad Civil que, según indica la resolución, "estará ligada al devenir de conocido como caso La Sal II, en el que está acusado el expresidente de la Comunidad Autónoma".
De acuerdo a las penas solicitadas por la acusación, la resolución declara a la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento. En un segundo auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional respecto del administrador inicial de Hidromanagement y un consejero delegado solidario hasta septiembre de 2005, tal como solicitó la acusación pública.
Nuevas medidas
Además de lo anterior, la magistrada mantiene de "forma preventiva" la prohibición de disponer de la planta desaladora de Escombreras. Y, en una providencia también notificada hoy, abre una pieza separada de responsabilidad civil para resolver sobre la medida cautelar solicitada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la que se adhiere el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, de que las cuotas del contrato de arrendamiento que Desaladora de Escombreras tiene que abonar a Hydromanagement (dinero procedente de transferencias de ESAMUR y a cargo de los presupuestos públicos de la CARM), se depositen en la cuenta judicial de consignaciones, sirviendo el depósito judicial como garantía de caución.
