Ercros impugna sentencia TSJRM y acusa al Ayuntamiento de enriquecimiento
La compañía ha recordado que el Ayuntamiento es el “propietario mayoritario” del suelo de El Hondón y que en su día dedujo del precio de compra del suelo más de 10 millones de euros
Suelos contaminados de El Hondón en una fotografía de archivo / Ayto. Cartagena
Cartagena
Ercros ha impugnado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el pasado septiembre que declaró legal la declaración de suelo contaminado de El Hondón, en Cartagena, acordada por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia en 2020, al tiempo que ha acusado al Ayuntamiento de Cartagena de “enriquecimiento injusto”.
La compañía ha recordado que el Ayuntamiento es el “propietario mayoritario” del suelo de El Hondón y que en su día dedujo del precio de compra del suelo más de 10 millones de euros, “precisamente para hacerse cargo de la descontaminación del emplazamiento que ahora se reclama a Ercros, incurriendo en un flagrante enriquecimiento injusto”.
En su recurso, Ercros ha denunciado al consistorio de Cartagena por “no haber realizado, durante más de 20 años y a pesar de su responsabilidad, ninguna acción para gestionar los residuos situados en la superficie del emplazamiento de El Hondón y permitir el abandono incontrolado de nuevos residuos en la zona”.
Asimismo, la empresa defiende que el Gobierno regional “ha distorsionado ilegalmente y cambiado el régimen jurídico de suelos contaminados y de la gestión de residuos, precisamente para evitar que sea el Ayuntamiento de Cartagena quien tenga que afrontar la remediación de El Hondón, en su condición de poseedor de los residuos desde hace décadas”.
Según Ercros, “en virtud de las acciones llevadas a término por el Gobierno regional, será el Ayuntamiento el gran beneficiado de esta ilegalidad; acciones que están permitiendo al consistorio eludir su responsabilidad sobre la gestión de los residuos y trasladarla a Ercros para que sea esta quien remedie íntegramente el suelo de El Hondón”.
La finalidad última de esta actuación sería que el consistorio se beneficiase del aprovechamiento urbanístico residencial proyectado “sin tener que soportar las cargas urbanísticas asociadas a la preparación del suelo”, han añadido fuentes de la compañía.
La empresa ha remarcado que la sentencia impugnada “va en contra de lo establecido en la legislación” y que, en caso de consolidarse, “alteraría el régimen jurídico de los suelos contaminados, lo que afectaría a múltiples emplazamientos de toda España”.
