Antonio Cerdá, "impulsor" de la desaladora de Escombreras y protagonista de los 196 folios del escrito de acusación de Fiscalía
El escrito de acusación de Fiscalía indica que el diseño y ejecución del proyecto respondían más a intereses políticos que a una planificación de infraestructuras fundamentada
Valcárcel en el acto de inicio de las obras de la desaladora de Escombreras / Agencia EFE
Murcia
El Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre el caso 'La Sal', estima la existencia de un deliberado y consciente ánimo del (entonces) consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, como impulsor de tal ilícito proyecto y añade "con el consentimiento tácito" del presidente de la Comunidad Autónoma en aquellos momentos, Ramón Luis Valcárcel, junto al resto del estamento político-funcionarial subordinado integrante de los consejos de administración del EPA, Hidronostrum y DESA.
Antonio Cerdá fue consejero de Agricultura y Agua del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel -cuya fecha de juicio por el caso La Sal II es a partir de septiembre de 2027- y según el fiscal uno de los impulsores principales de este proyecto junto con otros funcionarios. El Ministerio Público indica en el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER en la Región de Murcia, que el diseño y ejecución del proyecto respondían más a intereses políticos que a una planificación de infraestructuras fundamentada. Cerdá y otros acusados firmaron contratos y convenios para favorecer el crecimiento urbanístico a cambio de asegurar suministro de agua desalada, pese a que el suministro de agua potable ya estaba garantizado por el estado.
Evitar los informes de CHS
El consejero Antonio Cerdá en representación del Gobierno Regional, y con la colaboración de su asesora María Antonieta Fernández Cano, entre abril y mayo del año 2005, "comenzó a buscarse la forma de crear una operativa mercantil que sirviese para financiar y adquirir -sin cargo a presupuestos públicos- una desaladora que sirviese para garantizar de agua a los ayuntamientos de Murcia y con la que poder omitir, evitar o superar las exigencias y autorizaciones de los informes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)".
Según el escrito de acusación, en lugar de construir la desaladora directamente, se optó por adquirir las acciones de una empresa privada, Hidronostrum. Fue una empresa creada por el Ente Público del Agua (EPA) de la Región de Murcia específicamente para facilitar el desarrollo y financiación de la Desaladora de Escombreras. Fundada el 17 de febrero de 2006 con autorización del Consejo de Gobierno, su propósito era gestionar el suministro de agua, actuando como intermediaria en el pago de servicios a la desaladora y sirviendo de "brazo operativo" para llevar a cabo los convenios de suministro de agua con los ayuntamientos. El fiscal matiza sobre este ente que aunque "la creación del EPA fuese ajustada a derecho, no obsta a que sus actos y decisiones posteriores puedan ser objeto de responsabilidad penal".
El lema 'Agua para Todos' le sirvió como punto de apoyo para argumentar que la desaladora era esencial para el desarrollo de proyectos urbanísticos en la Región y se usó como una herramienta para contrarrestar los informes desfavorables de la CHS en proyectos de recalificación de suelo, pese a la falta de viabilidad técnica y financiera de estos desarrollos.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal también deja constancia de que se contrató asesoría jurídica externa, sin procesos de licitación pública, para validar el esquema de adquisición de la desaladora. Estos informes legales permitieron, añade el fiscal, justificar el diseño y legalidad del proyecto sin evaluación adecuada por los servicios jurídicos del Gobierno regional.
Además, para convencer a los ayuntamientos de firmar convenios de suministro de agua, se presentaron proyecciones financieras que no eran reales y que aseguraban la viabilidad del proyecto. Los ingresos esperados se fundamentaron en estimaciones artificiales de demanda de agua, con lo que se proyectaba un equilibrio financiero falso que hacía viable la infraestructura a largo plazo.
El escrito detalla cómo el gobierno regional asumió grandes riesgos económicos, incluyendo cláusulas abusivas, costos inflados y pagos adicionales a empresas privadas, sin justificación transparente.
En cuanto al papel de otras empresas, el proyecto se desarrolló en asociación con el Grupo ACS y empresas del grupo como Tedagua o Moncobra, quienes participaron en la construcción y gestión de la planta. Estas empresas obtuvieron contratos muy lucrativos, con beneficios garantizados y una estructura contractual que las protegía de pérdidas. La acusación señala que el modelo financiero del proyecto ha provocado graves pérdidas económicas para la Región. Ahora toca esperar la fecha del inicio del juicio, que a la vista de la magnitud del proceso y del señalamiento de juicio a Valcárcel para 2027, todo indica que faltan aún unos cuantos años.
