Siete empresarios admiten haber pagado a menores a cambio de sexo pero no irán a la cárcel tras pactar con Fiscalía

Murcia

Las seis personas que en 2014 crearon una red para prostituir a menores en Murcia y siete empresarios que tuvieron relaciones sexuales con ellos pagando han reconocido este miércoles esos delitos, por los que pagarán multas de entre 540 y 4.320 euros, e indemnizaciones a las víctimas de entre 500 y 2.000 euros, aunque no irán a prisión.

Así se recoge en el acuerdo de conformidad que los 13 procesados han alcanzado este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia con la Fiscalía, por lo que el juicio, que se ha demorado una década, no llegará a celebrarse.

Los magistrados de la sala han dictado la sentencia “in voce”, que se considera ya firme, contra las tres mujeres que actuaron como cabecillas de la trama captando a jóvenes de entre 15 y 17 años para mantener contactos sexuales con hombres de avanzada edad.

Además de contra una cuarta mujer que actuó como intermediaria acompañando a las chicas a los encuentros, dos hombres que las trasladaban en taxis clandestinos, y siete hombres de avanzada edad y alto poder adquisitivo que pagaron por tener sexo con las adolescentes.

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Las mayores penas de prisión fijadas en el acuerdo son para las cabecillas de la trama, que suman 16, 12 y 6 años de prisión. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de procesados, ninguna irá a la cárcel, ya que estas penas corresponden a varias condenas que, individualmente, no superan los dos años.

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En la misma situación se encuentra uno de los taxistas clandestinos implicados en la trama, condenado por seis delitos a dos años cada uno (12 años en total). La intermediaria ha recibido una condena de 6 meses de prisión y el otro taxista de 1 año y tres meses.

Por su parte, los siete hombres que pagaron por estar con las chicas han sido condenados a 5 meses por cada uno de los delitos cometidos (5 en un caso, 2 en otros dos, y uno el resto).

Los trece deberán abonar además multas que oscilan entre los 540 y los 4.320 euros, y tendrán también que indemnizar a cada una de las víctimas, diez en total, con entre 500 y 2.000 euros cada uno.

La Audiencia Provincial ha fijado dos nuevas sesiones, los días 7 y 8 de octubre, para valorar medidas alternativas a la entrada en prisión de los condenados, ya que el acuerdo alcanzado contemplara la suspensión de las mismas al no haber ninguna pena superior a los dos años de prisión.

Las penas son sustancialmente inferiores a las que había solicitado la Fiscalía en 2015, cuando se abrió el caso, que eran de 7 años por cada uno de los delitos cometidos para las proxenetas, de 6 por cada delito para los cooperadores necesarios, y de 4 por cada delito para los clientes.

Los trece procesados (otros dos acusados han fallecido antes de que se celebrase hoy la vista) han reconocido los hechos de los que les acusaba la Fiscalía, que consideraba a Ruth Karina D.T, Nelly Paola .P. y Yesenia Mercedes B.C. como las principales responsables de esta trama, ya que eran las encargadas de captar a las menores y convencerlas para practicar sexo con varones, muchos de ellos de avanzada edad, a cambio de dinero.

Según el relato de la fiscal, captaban a adolescentes “en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad”, y les ofrecían tener contactos sexuales con hombres a cambio de dinero, mientras que las proxenetas se quedaban con otra parte de esos pagos.

Las mujeres enviaban fotos provocativas de las menores a posibles clientes y les pedían que difundieran la información entre otros hombres interesados en mantener relaciones “con jovencitas, incluso menores de edad”.

Una vez acordados los contactos, Walter Jhovany D. M, y Martín D.T. llevaban a cabo labores de “taxistas”, trasladando a las chicas a los lugares donde se iban a producir los encuentros, acompañadas siempre de la cuarta mujer condenada, Manuela P.P., que ejercía de intermediaria.

Según la fiscal, tanto los miembros de la trama como los clientes procesados, siete en total, tenían pleno conocimiento de que las chicas eran menores de edad y, de hecho, ese era el principal reclamo para atraerlos.

En algunas ocasiones, las mujeres llegaban a solicitar a las chicas que manifestaran que eran aún más jóvenes de lo que eran, diciendo que tenían “15 o 16 años”, porque “a los clientes esto le daba más morbo”.

Las proxenetas acudían a discotecas para menores para convencer a estas jóvenes de que tuvieran sexo con hombres mayores a cambio de dinero, captaron también a varias de ellas en un colegio, instándolas a que ofrecieran a otras amigas la posibilidad de prostituirse, mientras que otra de las chicas fue contactada a través de un anuncio que había puesto para cuidar niños.