Cartagena

La presencia del franquismo sigue muy presente en rincones de ciudades, fachadas de viviendas o callejeros. Son muchos los símbolos que se han retirado a raíz de las diferentes leyes de Memoria Histórica, pero siguen existiendo vestigios que exaltan la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o el régimen de Franco en diferentes puntos de la geografía regional.

La Región de Murcia presenta una situación que no difiere mucho de otros lugares de España. De hecho, Murcia no cuenta con una ley de Memoria Histórica. Pese a ello, las asociaciones memorialistas han localizado buena parte de las avenidas y monumentos que rinden tributo al franquismo. Los casos más representativos, que centran la atención de las diferentes entidades, son las denominaciones que presentan las calles de diferentes municipios, así como los símbolos que aún permanecen en pie.

Es cierto que se han conseguido pequeños avances en lo que refiere a la Memoria Histórica, especialmente en los últimos diez años, con el cambio de denominación de la Avenida del Generalísimo por Romería de la Virgen del Carmen en la localidad de San Pedro del Pinatar o la retirada, en el año 2018, del monolito de la IV División de Navarra de los jardines de la Muralla del Mar en Cartagena.

Sin embargo, "borrar las referencias al dictador está siendo una labor más lenta de lo esperado. Lejos del consenso, mientras algunos gobiernos luchan por retirar y cambiar los nombres de calles, otros intentan escurrir el bulto", apunta Bernardo Sánchez, presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena. "Tenemos una deuda democrática con las víctimas del franquismo y que todavía existan personajes en las calles como Queipo de Llano o el Almirante Bastarreche parece incomprensible en un estado democrático", añade Sánchez.

Claros ejemplos de esa dejadez en sus funciones son los consistorios de La Unión, San Javier o San Pedro del Pinatar, que siguen presentado todavía muchas referencias al régimen franquista y a la cúpula militar que protagonizó el golpe militar contra el gobierno de la II República.

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De hecho, el municipio pinatarense se sitúa entre las localidades españolas que conservan más referencias franquistas. Héroes del Alcázar de Toledo, Crucero Canarias, Almirante Guitian Vieitio o Crucero Baleares son solo algunas de las 30 calles dedicadas a la exaltación del golpe de 1936 que conserva la localidad costera.

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La edil pinatarense, María José Escudero, afirma "estar esperando a la elaboración del catálogo de vestigios franquistas por parte del Gobierno Central para tener certezas y no generar dilemas. Junto a la asociación `Por un Pueblo Digno' hemos elaborado un listado de 10 calles que queremos eliminar, mientras esperamos el documento del ministerio. No tenemos un plazo estimado, pero queremos acometer esta acción a lo largo de esta legislatura", añadió Escudero.

Del mismo modo ocurre en San Javier, donde además de existir avenidas con denominaciones como Millán Astray o Castillo de Olite, se conserva un monumento en homenaje a "Calvo Sotelo, General Sanjurjo, General Mola, Primo de Rivera y a los Caídos por Dios y por España" en el campo santo del municipio y el piloto falangista, Julio Ruíz de Alda, da nombre a un instituto de la localidad. Aunque en menor medida, otros pueblos de la Comarca del Campo de Cartagena conservan emblemas franquistas. Es el caso de La Unión dónde se conserva una placa con los símbolos de Falange en la Barriada de Santa Barbara.

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No obstante, desde la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena no pierden la fe y esperan que "en algún momento desaparezcan todos los vestigios franquistas que existen en la Comarca. De manera, que se pueda restaurar el honor de todas las víctimas".

Multas de entre 200€ y 150.000€

Uno de los defectos de la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue la ausencia de un régimen sancionador. Su incumplimiento quedaba impune. Una deficiencia corregida con la Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado. Así, la legislación recoge sanciones que van de los 200 a los 2.000 euros para las sanciones consideradas leves; de 2.001€ a 10.000€ para las graves y entre 10.001 y 150.000€ por las muy graves.

En lo que respecta a la retirada de símbolos, establece plazos y contempla sanciones para el incumplimiento de las resoluciones cuando supongan humillación a las víctimas. Según el texto, mucho más detallado que el anterior, los topónimos y nombres de centros públicos también deben retirarse, así como en los casos en los que los símbolos estén en edificios privados o religiosos pero con proyección a la calle.