La Ventana Región de Murcia
Tribunales | Actualidad

Un abogado murciano advierte de las consecuencias judiciales para España que podría tener la reforma de la Ley del Mar Menor que propone Vox

"Si hay una regresión en la Ley del Mar Menor podría haber una nueva denuncia de la Comisión Europea" ha explicado el letrado Eduardo Salazar, experto en derecho medioambiental, en los micrófonos de 'La Ventana Región de Murcia'

Entrevista a Eduardo Salazar, abogado medioambientalista

Entrevista a Eduardo Salazar, abogado medioambientalista

09:25

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Murcia

La Justicia Europea ha condenado a España por incumplir la normativa sobre nitratos en 8 comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia.

Según la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el Gobierno regional no ha aplicado medidas adicionales o acciones reforzadas en lo que se refiere a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería en el Mar Menor.

En 'La Ventana de la Región de Murcia' hemos conversado con Eduardo Salazar, abogado murciano especializado en derecho medioambiental para conocer la trascendencia de esta decisión judicial.

"La sentencia es muy importante porque es una instancia, la del Tribunal de Justicia de la UE, que ha puesto de manifiesto que lo que ha pasado en el Mar Menor, los episodios de anoxia del Mar Menor, han sido un ejemplo de incumplimiento de normativa de nitratos porque se ha llegado a episodios no ya de eutrofización sino de anoxia Eso ha sido puesto sobre la mesa en el trasfondo de la sentencia en relación a Murcia", ha explicado Salazar.

"El Tribunal europeo ha dicho claramente que si las medidas aplicadas para evitar la contaminación del Mar Menor no funcionan hay que cambiarlas", añade el letrado que pone el acento en la responsabilidad que la sentencia del Tribunal Europeo otorga a la Comunidad Autónoma por haber permitido esa contaminación por nitratos y lamenta que "tengan que pagar por ellos todos los ciudadanos españoles en lugar de los responsables de la contaminación de la laguna".

"En virtud de la sentencia, vamos a ser todos los contribuyentes españoles, bien por retirada de fondos bien por multa. Quien contamina no va a pagar , quien no contamina va a acabar pagando y lo que tendría que ser es: quien contamine que restaure", ha lamentado.

Desde el Gobierno regional el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, ha explicado que la sentencia del TJUE se refiere a informes de los años 2016 al 2019 y es precisamente a partir de ese último cuando la región ha implantado mayor número de medias para proteger de la contaminación por nitratos el Mar Menor, especialmente a través de la ley de protección del Mar Menor.

En este sentido el abogado Eduardo Salazar, otro aspecto de la sentencia que implica que "las medidas reforzadas son una obligación de resultado, es decir, si no funcionan hay que cambiarlas. Y eso significa que no se superen los niveles de los que habla la directiva, será cuestión de medir y ver si hay una evolución positiva o negativa, si sigue siendo negativa es que las medidas no funcionan".

Recuerda Salazar que "La ley 3/2020 (La ley regional de protección y recuperación del Mar Menor) ha sido puesta por parte del Gobierno de España como una muestra de medidas reforzadas" y lanza la siguiente advertencia: "si esa ley va para atrás y hay una regresión en esa ley se está incumpliendo aún más el derecho europeo y se iría en contra de la sentencia del TSUE, con lo cual entiendo que podría ser suficiente para una nueva denuncia ante la Comisión Europea".

En estos momentos en la Asamblea Regional se han registrado dos propuestas de reforma de la Ley del Mar Menor, una de Podemos y otra de Vox. Mientras la reforma de Podemos establece más medidas de protección medioambiental , la reforma de Vox plantea actuaciones contra los vertidos de aguas residuales de los municipios ribereños, pero contempla una flexibilización generalizada de lo que se refiere a la actividad agraria y ganadera. De hecho, se deroga todo el capítulo V sobre Ordenación y Gestión Agrícola y también parte del Capítulo VI sobre gestión ganadera y toda la regulación de la actividad ganadera para sustituirlo por un reglamento.

Maica Sánchez

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