La Audiencia Provincial anula la personación de ONGs y los ayuntamientos ribereños como perjudicados del caso Topillo en representación del Mar Menor
La Sala estima el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas denunciadas
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/RZXFZBH3P5DQDA3RCTIKUVRJ2M.jpg?auth=fb8bafeb597c55d2c808ddd64a3abb8e89ade508f56248698ee9571ae3a550e9&quality=70&width=650&height=487&focal=1412,2514)
Zona aledaña al Mar Menor / MITECO
![Zona aledaña al Mar Menor](https://cadenaser.com/resizer/v2/RZXFZBH3P5DQDA3RCTIKUVRJ2M.jpg?auth=fb8bafeb597c55d2c808ddd64a3abb8e89ade508f56248698ee9571ae3a550e9)
Murcia
La Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha revocado la personación de los ayuntamientos ribereños afectados y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en representación del Mar Menor, en el marco del caso Topillo, que investiga vertidos ilegales a esa laguna salada.
La Sala, en una resolución que ha sido notificada este miércoles, estima el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas denunciadas, que alegó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite dicha personación al directamente ofendido o perjudicado, circunstancia esta que no se da ni en los ayuntamientos ribereños, ni en las ONGs dedicadas a la defensa del medio natural.
La empresa expuso también que esa ley distingue entre los que son víctimas y perjudicados directos, que se pueden personar en la causa como acusación particular, y la acción pública, que corresponde a todos los ciudadanos españoles y que en su caso se tenía que haber ejercitado previamente mediante querella o denuncia.
Por ello, la Audiencia indica que la providencia de ofrecimiento de acciones hecha por el juzgado de Instrucción que investiga los hechos no estuvo justificada, por lo que acuerda su revocación.
Y recalca que pueden personarse en las actuaciones ejerciendo la acción popular, no la acusación particular.
En el caso Topillo se investiga los vertidos de salmuera al Mar Menor procedentes de numerosas explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena.
En la causa figuran como acusados varias decenas de empresas agrícolas y agricultores, y, además, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer.