El juzgado ordena continuar con el procedimiento por un delito continuado contra el medio ambiente en la zona del Mar Menor

Cartagena

El magistrado del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, en auto notificado este 22 de diciembre ha acordado continuar con el procedimiento contra Portman Golf, Gestalia y Tragsa, y sus administradores o representantes legales, por depositar residuos “peligrosos” de origen minero en el vertedero de Los Blancos, autorizado  para residuos “inertes” y por realizar el traslado de los materiales “como si fuera arena, sin tratar, sin cubrir y sin aislar”,  “resultando como principal perjudicado el ecosistema del Mar Menor, además de terrenos colindantes y otros sujetos de derecho”

En concreto, el auto señala que las empresas investigadas habrían cometido un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, al incumplir de forma manifiesta y evidente sus respectivas obligaciones contractualmente asumidas y legalmente exigibles, “en el tratamiento y traslado de los residuos mineros existentes en Balsa Jenny hasta su posterior depósito en la Corta de los Blancos, a escasos 900 metros”.

Añadiendo a continuación que “su actuación estuvo en todo momento presidida por un consciente, deliberado, absoluto y manifiesto desprecio hacia la normativa legal en la materia, hacia el ecosistema que rodea los terrenos afectados y en definitiva hacia la propia salud humana, al ser todos ellos puestos en situación de grave riesgo”.

Según fundamenta la resolución, esto resulta indiciariamente acreditado, de las diligencias de investigación practicadas desde el año 2014, fecha de incoación de la causa, haciendo especial relevancia a los informes encargados al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil durante los dos últimos años. Informes estos últimos, recogidos en el auto con detalle, y que permiten al magistrado instructor alcanzar su concusión.

Según se recoge en ellos, la investigada principal, Portman Golf habría asumido ante la Comunidad Autónoma la función de “gestor final de residuos” procedentes de la denominada Balsa Jenny.

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Sin embargo, resalta el auto de uno de los atestados, no consta que estos fueran previamente analizados para ser objetivamente calificados. “La calificación de los residuos como ‘residuos mineros inertes’ es una calificación, además de errónea por realizarse sin ningún tipo de estudio previo, inexistente porque no la contempla la norma”. Lo que los agentes tratan de acreditar con el análisis de las muestras de los lixiviados, con origen en el vertedero de Los Blancos circulan por la superficie a modo de escorrentía y afloran aguas abajo, y cuyos resultados “superan los valores límite máximos para la admisibilidad de los residuos peligrosos de la balsa Jenny en el vertedero de Los Blancos”. Por lo que concluyen que la Corta de los Blancos I “no reunía los requisitos técnicos exigibles para este tipo de residuos (peligrosos) ni era el lugar adecuado para albergarlos”, según informa el TSJMU.

"Una vez se dé traslado de las actuaciones, el Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa. Aunque, excepcionalmente, también pueden solicitar la práctica de diligencias complementarias", apuntan fuentes judiciales.

En los antecedentes de hecho, la resolución recuerda que “el ecosistema del Mar Menor, al amparo de la Ley 19/22 de 30 de septiembre, podrá accionar, tras su personación y reclamación, contra las mercantiles investigadas y reclamar los perjuicios que puedan ser acreditados en fase de juicio oral y/o en ejecución de sentencia que pueda ser, en su caso, dictada, conforme a los principios de contradicción y audiencia”.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.