Cuatro de cada 10 menores de la Región están en riesgo de pobreza o exclusión social
El 41,4% de los niños, niñas y adolescentes de la Región de Murcia, un total de 125.000, están en riesgo de pobreza o exclusión, según los datos autonómicos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 por la Plataforma de Infancia
pobreza infantil / Getty Images
Murcia
Esta cifra sitúa a la Región como la tercera comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia (tasa AROPE), sólo superada por Canarias y Andalucía, según han explicado fuentes de esta plataforma, integrada por diversas entidades sin ánimo de lucro, que han indicado que, en el último año, esta tasa se ha incrementado en Murcia, mientras que en el conjunto del país ha disminuido.
La tasa AROPE analiza la distribución de ingresos y las condiciones de vida de los hogares (privación material y social, condiciones de la vivienda, dificultades, etc.), en base a los datos recogidos anualmente por el Instituto Nacional de Estadística.
Murcia es, además, la cuarta región de España con mayor tasa de pobreza severa en la infancia, que se sitúa en el 14,1%, lo que supone que 49.000 niñas, niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana.
Asimismo, la Región supera a la media nacional en los porcentajes de hogares que no pueden permitirse afrontar gastos imprevistos (44,1%), que no pueden ir de vacaciones al menos una semana al año (43%), que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (22,8%) y que no disponen de ordenador (6.9%).
Estos son algunos de los factores de la tasa de carencia material severa, un índice en el que Murcia destaca por ser la comunidad autónoma que más ha logrado descender sus datos en el último año, en 6,1 puntos, frente al incremento de 1,2 puntos experimentado a nivel nacional, han indicado las fuentes.
Por ello, la Plataforma de Infancia propone implementar mejoras en la renta garantizada de ciudadanía para que alcance a mayor número de familias vulnerables, y desarrollar protocolos transversales que impliquen a los Servicios Sociales, y al entorno educativo y sanitario.
Además de configurar una red de ayuda en la que estén implicadas tanto las administraciones públicas locales como entidades del tercer sector y de la sociedad civil, y crear políticas específicas que impidan el aumento de las carencias materiales severas, como becas para los comedores escolares, ayudas de emergencia para las familias con menores a su cargo o recursos para hacer frente a las necesidades básicas, entre otras.
También propone desarrollar itinerarios personalizados de inclusión social y laboral que tengan en cuenta las necesidades de conciliación familiar, en especial de aquellas que tienen hijos de 0 a 3 años.
