El Juzgado número 5 de Cartagena deniega la adopción de medidas cautelares en las balsas de ZINSA
Fundamenta su decisión en que no son necesarias al están iniciándose los trámites para su ejecución en vía administrativa. Los vecinos de Torreciega afirman que no se está haciendo nada en estos terrenos que están contaminados
Balsas de la antigua Española del Zinc en Torreciega / José Matías Peñas
Cartagena
La Asociación Ecologistas en Acción de la Región de Murcia muestra su perplejidad y desacuerdo por la resolución de 3 de marzo de 2023, confirmada el 17 del mismo mes y año, del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Cartagena que acuerda no adoptar las medidas cautelares interesadas por la acusación particular, fundamentando su decisión en que no son necesarias en la medida en que se están iniciando los trámites para su ejecución en vía administrativa.
A la asociación ecologista les parece sorprendente que el Juzgado confíe en la actuación administrativa para la adopción de las medidas cautelares cuando ha quedado ya acreditada “incluso por años” la inoperancia de la Administración. "Ya en el 2008, en concreto el 9 de febrero, dictó Autorización Ambiental Integrada que en teoría regulaba el funcionamiento del vertedero y en el 3 de diciembre de 2009 declaró suelos contaminados el espacio que lo albergaba". "A pesar de dichas resoluciones, formalmente dictadas para regular los residuos tóxicos y peligrosos que contienen han estado y siguen estando a la intemperie, sin ningún tipo de protección ante los agentes atmosféricos". Por ello entienden que "resulta difícil confiar en una Administración que no ha sido capaz de hacer cumplir sus propias resoluciones".
Afirman que la falta de actuación administrativa se ha mantenido hasta que en el 2018 que Ecologistas en Acción denunció el perecimiento de aves protegidas que, confundiendo las celdas de residuos tóxicos con charcas de agua, se precipitaban en las balsas de ácido, pereciendo al instante. Fue entonces, el 19 de noviembre de 2019, cuando el Consejero Antonio Luengo dictó la resolución de derivación de responsabilidad, ordenando a Cartagena Parque S.A. –actuales propietarios – para que procediera a la descontaminación y vaciado de las balsas, quedando tal resolución, como los anteriores, en un mero acto formal, sin que tal resolución haya sido ejecutada. "Los antecedentes son claros, la Administración no solo no ha hecho nada, sino que es responsable por su falta de actuación", afirman los ecologistas.
"La actitud del Ministerio Público ha sido negacionista hasta que el Informe del SEPRONA 15 de octubre de 2021 que ponía de manifiesto las alarmantes concentraciones de metales pesados que superaban ampliamente los valores de referencia, pues el cromo los superaba en 1.100 veces, el cobre en 10.583 veces, el zinc 88.800 veces, el arsénico en 5,1 millones de veces, el selenio en 430 veces y el cadmio en 538.034,4 veces".
"Ante estos datos demoledores, y ante la escasa distancia del Barrio de Torreciega (15 metros), el Juzgado mediante Auto de 16 de noviembre de 2021 abrió pieza de medidas cautelares y el Ministerio Fiscal el 19 del mismo mes, tras decir que esto superaba al inicial riesgo para determinadas aves y afirmar que existía un riesgo especialmente grave para las personas, solicitó que se requiriese a Cartagena Parque para que procediera al inmediato sellado de las balsas existentes. Después, la tramitación se fue demorando debido a que la Consejería se inventó el bulo de que en las celdas de zinsa podía haber elementos radiactivos".
"No hay otra actuación administrativa a la vista y menos referida a la adopción de las medidas cautelares". Es por ello que esta asociación no entiende en "qué se fundamentan el Ministerio Público y el Juzgado para decir que se ha iniciado un procedimiento administrativo para la adopción de las medidas cautelares. Quizás haya que recordarle al Juzgado y al Ministerio Público que esos valores desorbitados de sustancias tóxicas y peligrosas están presentes desde el año 2008, llegando incluso al interior de las viviendas de los vecinos de Torreciega".
"Por desgracia, estamos acostumbrados a que la Administración no funcione, pero esperamos que dicha omisión sea subsanada por la Administración de Justicia, pues perecen aves protegidas, se contaminan las aguas, el barrio y las viviendas donde residen personas", según los ecologistas.
