Las acusaciones contra los investigados por presuntas irregularidades en el Puerto de Cartagena van perdiendo fuerza, según sus abogados
David Vidal, abogado defensor de Francisco Ortiz, jefe de Compras del Puerto de Cartagena e investigado por estas presuntas irregularidades afirma que "tras las declaraciones en sede judicial alguno de los acusados deberían quedar fuera del proceso por no poder demostrar su implicación"
Pedro Vindel, ex director del Puerto de Cartagena y José Segura, jefe de Instalaciones del Puerto a la entrada del Juzgado / Radio Cartagena
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Cartagena ha tomado este jueves declaración a cinco de los investigados en un presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos y servicios, y en la contratación de personal en la Autoridad Portuaria de Cartagena.
El primero en prestar declaración ha sido Francisco Ortiz, jefe de Compras de la Autoridad Portuaria, investigado por su presunta implicación en irregularidades en la adquisición de material informático, y del que su abogado, David Vidal Torres, ha dicho que era un "mero tramitador".
Según Vidal, su cliente debería quedar fuera en esta primera ronda, ya que "ni puede adjudicar, ni tiene facultad ejecutiva, ni tiene mando de dirección", opinión secundada por el abogado de la acusación Manuel Martínez, quien ha señalado que tanto Ortiz como el exdirector del Puerto de Cartagena Pedro Vindel, que también ha prestado este jueves declaración, no deberían ser imputables o pasar a ser testigos.
También se ha tomado declaración al jefe de Instalaciones de la APC, José Segura, que a su salida de los juzgados ha dicho que todo había ido "muy bien" y que estaba "tranquilo".
Por su parte, el abogado de la administradora de la Barraise, empresa que se hizo con el contrato de "Vive tu pueblo", ha declinado hacer declaraciones, al igual que el letrado de Fransec Casas, de la mercantil Sopra Steria España.
Manuel Martínez, abogado de los dos denunciantes que han prestado este jueves declaración, ha explicado que sus clientes se han ratificado en lo dicho en Comisaría sobre la presiones recibidas por parte de la expresidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, para la adjudicación de un contrato a la empresa Salzillo, que había presentado una baja temeraria del 40 por ciento.
"Mientras se vayan ratificando las declaraciones y se confirman los hechos objeto de la denuncia, es beneficioso para la acusación", ha añadido.
Mañana, viernes, está prevista la toma de declaración de los expresidentes del Puerto Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz, y el abogado de esta última, Raúl Pardo Geijó, ha reiterado que su cliente es inocente y se trata de un "tema político", por lo que cree que el caso debería archivarse.
En su opinión, la toma de declaraciones "ha ido bastante bien" porque ha quedado "claro y paladino" que no ha habido tráfico de influencias para la adjudicación del contrato a Salzillo, pues lo que primó fue buscar un ahorro de 96.000 euros para el puerto.
En cuanto a las contrataciones de personal, Pardo Geijo ha subrayado que los jefes de Explotación, de Medio Ambiente y de Dominio Público "son los mejores", y ha emplazado a la declaración de mañana de Muñoz para clarificar el resto de cuestiones.
Mañana también comparecerán la jefa de Planificación y Gestión del Puerto, Maria José Barahona, así como Paloma Escudero, del departamento de Innovación.
Los hechos recogidos por la denuncia presentada por la Fiscalía podrían ser constitutivos, en principio, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada, entre otros.
