La Guardia Civil esclarece una trama delictiva presuntamente dedicada al uso ilegal de desalobradoras en fincas del Guadalentín
Tres personas han sido investigadas como presuntas autoras de delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas
La Guardia Civil esclarece una trama delictiva presuntamente dedicada al uso ilegal de desalobradoras en fincas del Guadalentín. / Guardia Civil
Lorca
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, ha desarrollado en Mazarrón la operación ‘Saladilla’, una investigación iniciada en el mes de abril de 2021, para esclarecer unas supuestas prácticas ilegales relacionadas con la captación de aguas subterráneas, que ha culminado recientemente con la investigación de tres personas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas.
Las actuaciones dieron comienzo en abril de 2021, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia una desalobradora en funcionamiento y sin autorización, supuestamente ubicada en el paraje El Saladillo, término municipal de Mazarrón.
La Guardia Civil esclarece una trama delictiva presuntamente dedicada al uso ilegal de desalobradoras en fincas del Guadalentín. / Guardia Civil
La Guardia Civil esclarece una trama delictiva presuntamente dedicada al uso ilegal de desalobradoras en fincas del Guadalentín. / Guardia Civil
El SEPRONA recabó todos los indicios y localizaron una nave almacén donde supuestamente se encontraba la desalobradora y los supuestos pozos ilegales de donde se extraía el agua. Las pesquisas practicadas permitieron averiguar que el propietario de la planta ilegal utilizaba el agua para sus propios cultivos y, además, la vendía a terceras personas para el riego de otras explotaciones agrícolas ubicadas en terrenos de secano.
La Guardia Civil ha culminado la operación ‘Saladilla’ con la investigación de tres personas y de tres mercantiles de la Región de Murcia, como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas.
El informe pericial estima el daño al dominio público hidráulico, junto al daño medio ambiental, en un coste superior a los 100.000 euros.
Las personas investigadas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana (Murcia).
