La Fiscalía aprecia indicios de delito en las roturaciones de Bahía Bella en Águilas
ANSE denunció hace cinco meses la destrucción de cuatro hectáreas de superficie natural con ejemplares de flora y fauna protegidas por una roturación con fines urbanísticos
Los terrenos roturados / ÁNSE
Lorca
La fiscalía ha apreciado indicios de un delito contra la flora protegida en las roturaciones del plan parcial Bahía Bella, en Águilas, que la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) denunció el pasado abril.
Así consta en un escrito enviado por el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en el que informa a ANSE de la remisión de una denuncia del Ministerio Fiscal a los Juzgados de Lorca al apreciar indicios de un delito contra la flora protegida, según artículo 332 del Código Penal.
Esta organización denunció hace cinco meses la destrucción de cuatro hectáreas de superficie natural con ejemplares de flora y fauna protegidas por una roturación con fines urbanísticos llevada a cabo en el municipio de Águilas.
La organización afirmó entonces que los movimientos de tierra se han desarrollado en suelo del Plan Parcial Bella Águilas, donde se destruyeron importantes superficies de vegetación natural.
ANSE cuestionó que los trabajos dispusieran de licencia de obra y aseguró que se realizaron días antes de la publicación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Águilas con la presunta intención de evitar las medidas de protección de ese documento sobre esos terrenos.
La superficie afectada está calificada como suelo urbanizable sectorizado residencial e incluía amplias superficies de vegetación natural con importantes valores ambientales y especies de fauna protegida como la tortuga mora o el camachuelo trompetero.
Los valores ambientales de la parcela habían sido identificados por el PGMO y su ficha contempla que “con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiaran los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes”.
Tras las denuncias, ANSE obtuvo una primera respuesta del ayuntamiento de Águilas que decretó el 27 de abril de 2022 el inicio de un expediente sancionador y el restablecimiento de la legalidad urbanística contra Bella Águila S.A. por movimientos de tierras que no se ajustaban al proyecto de urbanización, ordenando la suspensión inmediata y advirtiendo de las consecuencias del incumplimiento de la orden.
Posteriormente, la mercantil presentó recurso de reposición contra ese decreto que fue desestimado por el ayuntamiento de Águilas en junio de 2022.
Según ANSE ni la Dirección General del Medio Natural, autoridad competente en la protección de especies, ni la Dirección General de Medio Ambiente, competente en Evaluación de Impacto Ambiental, han remitido respuesta alguna a sus denuncias.La asociación considera que la intervención de la Fiscalía “envía un mensaje claro a promotores que pretendan incumplir los condicionantes ambientales de los desarrollos urbanísticos poniendo en riesgo la biodiversidad y el paisaje de la Región”.
Además, se pide a la Comunidad Autónoma que ponga en marcha el mecanismo legalmente previsto desde 2013 para el control del cumplimiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental de Planes Generales y Parciales.
