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ANSE: “Matar águilas perdiceras le sale gratis a las compañías eléctricas”

Denuncia que la Comunidad Autónoma no ha impuesto multas a las compañías eléctricas responsables de la presunta electrocución de, al menos, 12 águilas perdiceras, consideradas ‘en peligro de extinción’

Dos águilas perdiceras yacen bajo un apoyo propiedad de Iberdrola en La Tercia (Murcia) / Asociación Murcia Límpia

Dos águilas perdiceras yacen bajo un apoyo propiedad de Iberdrola en La Tercia (Murcia)

Murcia

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha denunciado que la Comunidad Autónoma no ha impuesto multas a las compañías eléctricas responsables de la presunta electrocución de, al menos, 12 águilas perdiceras, consideradas ‘en peligro de extinción’, con solo 22 parejas nidificantes.

La organización ha reclamado en un comunicado que la información suministrada por la Dirección General del Medio Natural en lo referente a los ejemplares electrocutados resulta, en la mayoría de los casos, escasa, lo que impide conocer la ubicación exacta del cadáver, el titular de la línea o la resolución final del expediente sancionador.

En este sentido, ANSE ha informado de la importancia de conocer estos datos por la amenaza que suponen los tendidos eléctricos para las águilas perdiceras, que han supuesto la muerte de unos 50 ejemplares en los últimos 10 años, y ha anunciado que están estudiando recurrir a los tribunales para conseguir la información, en caso de que la CARM no se la facilite .

Además, la Administración regional ha admitido que, desde el inicio de 2019, siete de los doce recursos continúan en tramitación y que “no se han iniciado expedientes sancionadores respecto de posibles electrocuciones de ejemplares de águila perdicera”, han indicado fuentes de ANSE, que han señalado que esto supone el reconocimiento de que no se están imponiendo sanciones por la muerte de estas aves protegidas.

Por otra parte, ANSE ha afirmado que distintas organizaciones ambientales de la región consideran que la no imposición de multas dificulta la resolución del problema ambiental, por lo que han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que se obligue a la CARM a la apertura de expedientes sancionadores.

La asociación ha asegurado que el pasado año, el entonces director general del Medio Natural, Fulgencio Perona, indicó que se procedería a la aprobación de un decreto de valoración de las especies de fauna que determine el valor económico de cada ejemplar muerto por electrocución, pero que no se ha avanzado en este sentido.

Por otro lado, la CARM ha sometido a exposición pública el "Proyecto de Orden de ampliación de zonas de protección de electrocución de avifauna en la Región de Murcia” que actualmente abarca hasta el 55 % del territorio regional, por el que han solicitado su ampliación a la práctica totalidad del territorio regional, y sobre todo en las áreas conflictivas.

 
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