Greenpeace denuncia la existencia de "una estructura perfectamente organizada, casi criminal" en la gestión del agua en la Cuenca del Segura
La asociación ecologista ha presentado un informe en el que analiza la explotación hídrica de la cuenca y su impacto ambiental en el Mar Menor
Balsas de purines en una explotación ganadera de Alhama / Greenpeace
Cartagena
Greenpeace ha presentado hoy en una rueda de prensa 'El Crimen del Agua', una investigación sobre cómo funciona la gestión del agua en el sector agropecuario, tomando como ejemplo la cuenca del Segura y sus graves impactos medioambientales, como la situación del Mar Menor. Según sus conclusiones, existe una "estructura perfectamente organizada, con tintes casi criminales, en la que participan numerosos eslabones", que posibilita que la gestión del agua tenga un "impacto inasumible para el medioambiente y las pequeñas explotaciones agrícolas".
Denuncian la "impunidad normalizada" de las grandes empresas del sector y que el acceso al agua "depende de quién tiene más dinero o influencia". Hablan también en ese informe de que existe "miedo a hablar o denunciar malas prácticas entre pequeños agricultores", debido a las amenazas físicas o de apertura de procesos judiciales inasumibles para personas con pocos recursos. Diferencian claramente entre "empresarios y agricultores" ya que "en este caso el tamaño sí importa", como indicaba Julio Barea, responsable de residuos de Greenpeace España.
Sobre cómo se ha podido producir un problema de la dimensión de la destrucción medioambiental del Mar Menor, han alcanzado la conclusión de que "no se puede culpar únicamente a quien vierte grandes cantidades de agua contaminada al Mar Menor, sino también a quien lo permite, se beneficia o mira para otro lado", entre los que estarían "la oligarquía agropecuaria", "los lobistas", el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno regional, las empresas de trabajo temporal, las grandes constructoras de infraestructuras hidráulicas y el sector de la distribución.
El informa se ha realizado sobre la Cuenca del Segura, pero podría ser "extrapolable" a toda España. Barea considera "muy grave" que en un país de clima semiárido y en un contexto de crisis climática existan 4 millones de hectáreas de regadíos intensivos. Cree que se está "regando más de lo que podemos regar, tirando mucha agua que no tenemos y no vamos a tener"
Además, ponen como ejemplo de lo complicado que es establecer los entramados de la explotación del agua el 'Caso Topillo', donde se han visto involucrtadas 37 empresas y que investiga el vertido de contaminantes al Mar Menor. Lorena Ruiz, responsable del departamento jurídico de Greenpeace, ha confirmado que continuará personada como acusación particular ya que consideran que la vía judicial es una parte fundamental para demostrar que "no todo vale".
