Podemos denuncia que el Gobierno regional incumple la orden judicial de frenar los vertidos de la balsa Jenny
La diputada María Marín asegura que "estamos ante un caso flagrante de desobediencia a la autoridad judicial y un presunto delito continuado contra el medio ambiente"
Inmediaciones de la antigua balsa Jenny / José Matías Peña
Cartagena
La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín afirma que ha comprobado in situ que 40 días después de la orden del Juzgado de Instrucción de Cartagena, que daba 20 días a la Consejería de Medio Ambiente del consejero, Antonio Luengo, a sellar la antigua balsa Jenny, los trabajos ni siquiera se han iniciado y asegura que estamos “ante un caso flagrante de desobediencia a la autoridad judicial y un presunto delito continuado contra el medio ambiente".
La negligencia cometida con la Balsa Jenny dura ya 17 años, según Marín, que habla de “la impunidad y dejación de funciones a la hora de hacer cumplir la ley”.
Dice que esta situación constituye “un escándalo” que ni el anterior consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá, ni el actual Antonio Luengo, ni los responsables de Portmán Golf, dueños de los terrenos, “hayan respondido aún de esta tragedia”, por lo que ha reiterado la necesidad de hacer efectiva “desde ya mismo” la orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena del pasado 6 de abril.
La diputada ha llamado a actuar “con urgencia”, ya que lo que está en juego es la salud de los vecinos y vecinas de las poblaciones afectadas”. Una situación que también tiene consecuencias directas sobre el futuro del Mar Menor, ya que los vertidos de productos tóxicos “acaban en sus aguas, contribuyendo a dar la puntilla a un ecosistema que se encuentra completamente devastado”.
Desde la Comunidad Autónoma se recuerda que ya se declaró de emergencia las actuaciones en esta balsa, destinandose 815.000 euros para las obras de sellado.
