Desarticulado un grupo criminal que extorsionó a más de 250 personas que accedieron a anuncios sexuales en redes sociales
Algunos de los casos denunciados se sitúan en localidades de A Coruña, Cantabria, Murcia, Cádiz, Jaén, Granada y Asturias"
A Coruña
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que presuntamente extorsionó a más de 250 personas que accedieron a anuncios sexuales en redes sociales, en una operación que se inició en 2023 y en la que se ha detenido a cuatro hombres. Se han esclarecido por el momento casos denunciados en localidades de A Coruña, Cantabria, Murcia, Cádiz, Jaén, Granada y Asturias.
La Guardia Civil explica que "el método utilizado por los ciberdelincuentes era la inserción en webs de contactos anuncios de índole sexual" en los que utilizaban imágenes de mujeres obtenidas de diferentes redes sociales. Después mandaban mensajes a las personas que habían hecho uso de esas páginas, "chantajeándolas económicamente para no revelar su identidad, utilizando amenazas contra su integridad física". La investigación ha revelado la existencia de más de 250 víctimas con las que han mantenido "conversaciones amenazantes" y, tras realizar diferentes análisis tecnológicos, se determinó que tanto quienes mandaban los mensajes como quienes se apoderaban del dinero se encontraban en Valencia.
Se han intervenido, entre otros efectos, 10 dispositivos de telefonía móvil. En algunos de los teléfonos se han hallado cientos de imágenes de mujeres jóvenes, conseguidas de diferentes redes sociales para ser utilizadas en la creación de anuncios de contactos sexuales.
La Guardia Civil ha localizado 23.000 euros en cuentas que sospecha que procede de estafas y los casos esclarecidos relacionados con esta extorsión suman 18.000 euros.
Tres de los detenidos, de 26, 27 y 36 años, están acusados de ser los presuntos autores de las ciberestafas y al cuarto, de 34 años, se le considera supuesto colaborador necesario, por ser quien facilitaba a los anteriores "tarjetas de telefonía móvil a nombre de terceros", señala el instituto armado en un comunicado.
Investigación de 2023
El Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Cantabria comenzó en 2023 una investigación por la denuncia de una persona que estaba recibiendo "graves amenazas" tras acceder a una página de contactos. La Guardia Civil indica que esta persona había pagado más de 5.000 euros, aunque continuaban las peticiones de dinero.
Los investigadores encontraron diferentes similitudes entre estas amenazas y otras que se estaban produciendo por diferentes puntos del país, "con idénticos propósitos y motivos" y que hacían sospechar que eran realizadas por las mismas personas.
En estas amenazas, "se hacían pasar por peligrosos proxenetas, amedrentando a las víctimas con mandarlas sicarios", y les decían que irían a sus domicilios "varios de sus mejores hombres para zanjar el problema". Los acusaban de haber molestado a las mujeres que trabajan para ellos, "haciéndoles perder mucho dinero". Además, utilizaban palabras o expresiones para simular ser originarios de países de Europa del Este. También los amenazaban con que conocían los posicionamientos de sus teléfonos, lo que "no era real" aunque de esta forma "aumentaban la sensación de miedo en las víctimas".
Y, además de dar instrucciones para el pago de importantes cantidades de dinero, los advertían de las repercusiones que podrían sufrir por no pagar o por denunciar los hechos.
Los investigadores averiguaron la vivienda desde donde se realizaban estas actividades, situada en la localidad de Picanya (Valencia).
De la investigación se desprende que los acusados adquirían las tarjetas telefónicas a nombre de terceras personas, muchas de ellas ficticias, en un locutorio próximo.
En fechas recientes se detuvo a los supuestos autores de las estafas, los tres hombres de 26, 27 y 36 años, y al colaborador de 34 años, y se practicaron registros en la vivienda y en el locutorio.
En uno de los terminales intervenidos se llegaron a utilizar hasta 106 tarjetas de teléfonos diferentes con titularidades falsas.
Esta operación es dirigida por el Juzgado de San Vicente de la Barquera la ha desarrollado la Guardia Civil de Cantabria con la colaboración de la de Valencia.
