La acusada de estafar 80.000 euros suplantando un email en Vigo evita la cárcel
Acepta un año y un día de prisión y una multa de 540 euros
JGI/Tom Grill
Una mujer ha aceptado un año y un día de prisión, que no cumplirá, por haber recibido en su cuenta 80.000 euros tras suplantar el correo electrónico de una empresa pesquera y reclamar el cobro de esa cantidad a una firma radicada en Serbia.
En una vista de conformidad celebrada este martes en Vigo, las partes han acordado la rebaja de la condena inicial, que era de dos años de cárcel.
Además, el tribunal ha accedido a la suspensión de esa pena de reclusión por un plazo de dos años con la condición de que la procesada no delinca en ese periodo.
Rebaja en la sanción económica
También se le ha rebajado la multa económica, que será de 540 euros en lugar de los 1.200 que se solicitaban por parte del Ministerio Público.
La mujer ha sido condenada en firme por un delito de estafa después de que participara de un entramado que tenía como fin disponer de los pagos de las facturas de una empresa pesquera.
Para lograrlo, duplicaron el correo electrónico con el que la empresa se comunicaba con un cliente de Serbia.
Así, pudieron acceder a datos relativos a sus recíprocas operaciones comerciales y, concretamente, a dos facturas por un importe total de 80.732,29 euros.
Hechos delictivos
Valiéndose de la manipulación informática, modificaron el correo electrónico de comunicación, sustituyéndolo automáticamente por otra dirección y solicitaron en nombre de la pesquera el pago de la factura en una cuenta titularidad de la acusada.
El 18 de agosto de 2022, la acusada recibió en su cuenta 80.364,54 euros, pero un día antes del ingreso se detectó el fraude porque otra clienta de la pesquera había recibido un correo electrónico en el que también se le comunicaba que la empresa estafada había cambiado de número de cuenta y le reclamaba el pago de dos facturas.
La acusada, según el fiscal, intervino facilitando la disposición del dinero obtenido; la cuenta fue bloqueada a instancias de la Policía y, por un auto judicial de abril de 2023, se acordó su devolución a la empresa de Serbia, que se apartó del procedimiento tras recibir el reintegro.
