El concello de Redondela e historiadores demandan a la Xunta la recuperación de la Fundación San Simón
Con la declaración ministerial de San Simón como Lugar de la Memoria Democrática la isla contará con un régimen de protección
Isla de San Simón / Xunta de Galicia
Xosé María Álvarez Cáccamo, Juan González, Dionisio Pereira y Xosé Álvarez Castro, los cuales se han reunido en el concello con la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y la concejala de Cultura, Rita Pérez Táboas este jueves.
Parte de los historiadores que el mes pasado firmaron el manifiesto “La verdad no se debate” han demandado a la Xunta de Galicia que recupere la Fundación Isla de San Simón, sumándose así a la demanda del concello de Redondela, según ha informado éste en un comunicado.
Polémicas declaraciones del PP
Todos ellos firmaron el manifiesto después de que un diputado del PP dijera en sede parlamentaria que “no le constaban muertos en San Simón” durante el franquismo, provocando un debate que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso zanjar afirmando “que había que dejar el debate a los investigadores” pese a que los expertos desde hace años cifran en unos 500 los fallecidos en la isla, entre ellos ocho fusilados.
Durante la reunión, Rivas recordó la demanda del concello de Redondela para que la Xunta recupere la Fundación Isla de San Simón, una petición a la que se suma este colectivo de historiadores.
El concello de Redondela cree que la fundación es necesaria “para hacer un seguimiento de lo que sucede en la isla, programar actividades y realizar una correcta señalización y contextualización de lo acontecido en la isla”.
Lugar de Memoria Democrática
Con la declaración de San Simón como Lugar de la Memoria Democrática, tal como anunció el Ministerio de Política Territorial, la isla contará con un régimen de protección y usos compatibles, por lo que el concello cree que “la recuperación de la Fundación Isla de San Simón es más necesaria que nunca”.
En la reunión los participantes también analizaron la solicitud de la Xunta de Galicia para que el gobierno central ceda la titularidad del archipiélago a la administración autonómica actual, usufructuaria gracias a un acuerdo que expira en 2027.
Tanto los investigadores como el gobierno local entienden que se trata de una “estrategia política” para mantener su control sobre la isla y critican que hasta ahora la Xunta no respetó la memoria democrática, hasta el punto de autorizar en este espacio la organización privada de talleres de yoga, gincanas o noches de Samaín.
