Un informe de la Universidade da Coruña concluye que la prórroga de la AP-9 permitida por Aznar fue ilegal
El estudio, encargado por el BNG, señala que faltarían por pagar 2.400 millones de euros por los peajes en la sombra
Santiago de Compostela
Un informe realizado por expertos de la Universidade da Coruña, un estudio jurídico y económico, concluye que la prórroga autorizada por el gobierno de José María Aznar en 2003, fue ilegal. Así pues, Audasa no tendría derecho a recibir una indemnización por lucro cesante. De este modo, el coste de un rescate disminuiría de forma considerable. Un estudio encargado por el BNG y que avanzó Ana Pontón en su entrevista de domingo en la Cadena SER.
En la Cadena SER hemos tenido acceso a parte del contenido de este estudio, que expone que la prórroga vulneró la normativa de contrataciones públicas, y argumenta que la ampliación por 25 años (permitiendo ampliarla de 2023 a 2048) supuso una modificación sustancial de las condiciones del contrato. Esto obligaría a sacar una nueva licitación.
Por tanto, al ser ilegal la prórroga, la empresa no tendría derecho a recibir esa indemnización por lucro cesante, a la compensación por los beneficios que obtendría en el caso de seguir explotando la vía. La Xunta cifra entre 1.300 y 2.100 millones de euros la indemnización por el lucro cesante.
No obstante, las cifras que pone encima de la mesa este estudio son sensiblemente inferiores a las que han aportado hasta ahora tanto la propia Xunta como el Gobierno central. El informe también concluye que habría que pagar a Audasa 2.400 millones de euros en concepto de "peaje en la sombra".
Estos peajes en la sombra suponen un gran lastre para las arcas públicas y la mayor carga de aquí al final de la concesión en caso de no ser rescatada. Los 2.400 millones derivan de varios conceptos: las actuales bonificaciones en los peajes, los descuentos en los trayectos de ida y vuelta, la gratuidad de algunos tramos, como Rande y A Barcala; y también la compensación a Audasa por la caída de usuarios de la AP-9.
La Xunta cifraba hace unas semanas el rescate en una horquilla de entre 1.600 y 2.355 millones de euros; cantidad muy por debajo de los 4.000 millones de los que habla el ministro Óscar Puente.
