Investigadas 10 personas por manipular tacógrafos en camiones de 4 empresas de Pontevedra
Los implicados se enfrentan a un delito de falsedad documental, que puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años, agravándose si se producen de manera continuada
La Guardia Civil investiga a 10 personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, por manipular los tacógrafos instalados en camiones. Según informa la Guardia Civil, la investigación se inició en junio de 2023, al detectar agentes de Tráfico de Pontevedra un camión con indicios de manipulación del tacógrafo; lo que se confirmó con el traslado del vehículo a un centro técnico autorizado.
La manipulación consistía en alterar los parámetros de calibración del tacógrafo para falsear los datos de la velocidad, alterando el limitador que tienen instalado obligatoriamente este tipo de vehículos. A raíz de este caso se puso en marcha la investigación denominada TRUCKPO1 llevada a cabo por el Grupo de Investigación del Subsector de Tráfico de Pontevedra (GIAT) junto con los Guardias Civiles especialistas en transporte de Pontevedra.
En total fueron detectadas 4 empresas de transporte que, en connivencia con 3 centros técnicos, ejecutaban, de manera continuada, las manipulaciones de los tacógrafos. Estas empresas se dedicaban principalmente al transporte de marisco y pescado.
Al alterar los tacógrafos, los camiones podían superar la velocidad máxima permitida, para beneficiarse del cumplimiento de los horarios de recogida y entrega de la carga; además de alterar los tiempos de conducción y descanso.
La Guardia Civil señala que este delito genera un grave riesgo de seguridad vial, al crecer de manera exponencial la posibilidad de accidente a medida que un vehículo de gran tonelaje aumenta su velocidad. Pero, además se dificulta la labor de inspección por parte de los agentes, ya que los datos observados no son los datos reales, además de generar una clara competencia desleal sobre las otras empresas del sector.
Los implicados se enfrentan a un posible delito de falsedad documental, que puede conllevar penas de prisión de seis meses a tres años, agravándose si los hechos se producen de manera continuada.
