La transferencia de la AP-9 vuelve este martes al Congreso de los Diputados

El pleno del Congreso de este martes, 11 de junio, abordará la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento gallego para la transferencia del Estado a Galicia de la autopista AP-9, que vertebra de norte a sur el eje atlántico, en lo que será el cuarto intento legislativo de conseguir el traspaso.

Por parte del Parlamento gallego acude a Madrid una delegación parlamentaria para participar en el debate, que comenzará a las 15h00 de este martes, conformada por los portavoces de PPdeG, Alberto Pazos Couñago; BNG, Ana Pontón, y PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro.

En diciembre de 2023, por cuarta ocasión en los últimos ocho años, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad, esta vez promovido por el PP, un texto legislativo para su remisión al Congreso con el objetivo de conseguir este traspaso. Desde 2016, los diferentes acuerdos en la Cámara gallega no han fructificado por el fracaso de las leyes en su tramitación en las Cortes generales.

Hasta en tres ocasiones anteriores se aprobó en el Parlamento gallego esta demanda (marzo de 2016, mayo de 2017 y julio de 2018) sin éxito en su tramitación en el Congreso. En el pleno del Parlamento gallego de finales de mayo, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, deseó "mucha suerte" a los tres portavoces y bromeó con que, si vuelven "con el objetivo cumplido" de transferir la titularidad de la AP-9, irá al Padornelo para saludarlos y recibirlos "si es necesario".

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Ruea, ha dado por hecho, tras abordarlo con la dirección de su partido, que los populares votarán a favor en el Congreso de esta toma en consideración.

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Por su parte, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, avanzó que los diputados del Partido Socialista en el Congreso apoyarán la toma en consideración de la nueva ley para su tramitación. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, enfrió las expectativas de que fructifique en su recorrido y dejó claro que la transferencia o rescate de la AP-9 no es "sencilla", pero comprometió que el Gobierno mantendrá las bonificaciones, más allá de que la reivindicación de Galicia pueda toparse de nuevo con un veto del Congreso a esta histórica demanda.

Paralelamente, en el pleno de esta semana en el Congreso también se abordará una moción del BNG en la que insta al Gobierno a la anulación de la prórroga de la concesión de la autopista hasta 2048, así como asumir su gestión directa y la supresión de los peajes, además de la propia transferencia. Recientemente, el propio Óscar Puente cifró en 4.000 millones el rescate de la AP-9: "Es inasumible para el Estado".

Vertebración del territorio e incremento de los peajes

En la exposición de motivos de la proposición de ley se recoge que "el eje que vertebra el territorio en que reside el sesenta por ciento de la población gallega, que conecta el litoral atlántico gallego y que sustenta buena parte de la economía y de la movilidad cotidiana de nuestro territorio, es de pago". Se apunta a que esta condición "supone una penalización que se ha visto agravada con las diferentes modificaciones de las que ha sido objeto en los últimos años el convenio" entre el Estado y Audasa, con incrementos "extraordinarios" de los peajes.

Afirma que "supone un agravio comparativo para Galicia y trae aparejadas consecuencias de especial relevancia", entre las que cita la pérdida de competitividad de empresas, el trasvase de tráfico a carreteras convencionales, el incremento de la siniestralidad y más emisiones de gases de efecto invernadero. "Por todas estas razones es económica y socialmente inasumible mantener las condiciones actuales de los peajes de la autopista del Atlántico (AP-9) y la evolución prevista", razona el texto.

"Por ello, Galicia estima necesaria e imprescindible la transferencia de la autopista del Atlántico (AP-9) a la comunidad, siempre en términos de igualdad con el resto del territorio español, que permita una gestión más directa y más pegada al territorio y que conllevará una mayor sensibilidad, que redundará en una mejora de la calidad del servicio. Es innegable que una gestión directa de esta infraestructura desde el territorio redundaría en una mayor eficacia en la gestión, que siempre sería más acorde con las necesidades de Galicia y sus habitantes", sostiene el proyecto de ley.

Fin a la prórroga de 2028

La demanda para que la gestión de la autopista que vertebra la fachada atlántica gallega vuelve a salir del Pazo do Hórreo rumbo a Madrid, adonde llegará de nuevo con una serie de demandas en materia económica al Estado como principales novedades.

Entre estas figura una mención a que será la Administración del Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas que deriven de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028, asunto que está en estudio por la justicia europea por una posible infracción de la normativa comunitaria en materia de competencia.

Esta cuestión fue incorporada durante el proceso de tramitación en la Cámara gallega a través de una enmienda del BNG que fue aceptada para su inclusión en el dictamen final por el PP. Esta ha sido la única aportación al texto original presentado por los populares, que añadieron una serie de obligaciones a hacer frente por parte del Estado en asuntos como la extensión de las bonificaciones de los peajes o la ejecución de obras de remodelación o ampliación de la infraestructura.