El abuelo acusado de abusar de su nieta lo niega todo en el juicio

Lugo

Un abuelo que este jueves se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por un delito de abuso sexual continuado a su nieta, menor de edad y con una discapacidad, ha negado los hechos que se le imputan en la vista oral, por los cuales el fiscal le pide 5 años de cárcel, y ha asegurado que “no tocó jamás” a la niña con ánimo libidinoso.

Los hechos por los que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Lugo se habrían producido en el 2022 en la residencia del anciano, cuando la niña, que convivía de forma temporal con su abuelo, tenía trece años de edad.

El acusado ha calificado los hechos que le imputan tanto la Fiscalía como la acusación particular como “un invento”, provocado por “la manipulación” del padre de la niña, su propio hijo, de quien ha dicho que tiene problemas “con las drogas”.

“La culpa”, ha expuesto, la “tiene mi hijo”, porque “manipuló a la madre” -su exmujer- y a la niña.

“Pueden hacer con mi vida lo que quieran, pero yo no toqué a mis nietas jamás”, ha afirmado el acusado, quien ha añadido que las “quiere muchísimo”.

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“Qué ánimo voy a tener yo con una niña discapacitada. Por favor, no estoy loco!”, ha espetado el procesado, quien ha apuntado también que cuando la víctima era pequeña jugaba con ella “a la pelota” y le enseñaba “a cocinar”, pero nunca se propasó desde un punto de vista sexual.

Según la información facilitada por la propia Fiscalía, los hechos habrían tenido lugar "en varias ocasiones en el domicilio” en el que ambos “convivían en determinados períodos temporales en Lugo”, concretamente “hasta mediados de abril de 2022”.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado la prohibición de aproximarse a la menor a una distancia inferior a 500 metros, así como a su domicilio, centro de estudios, lugar de trabajo y otros lugares frecuentados por ella durante 8 años y de comunicarse con la víctima por cualquier medio durante el mismo tiempo.

También la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual y su inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique el contacto con menores de edad durante 8 años.

Además, reclama una indemnización para los representantes legales de la menor con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.

La acusación particular eleva la petición de pena de cárcel a seis años y la indemnización a 5.000 euros, mientras que la defensa solicita la libre absolución.