Reina Victoria no se abre y tampoco se retirarán lombos a pesar de aprobarse en Pleno
El Gobierno local de Pontevedra deja sin efecto dos acuerdos plenarios aprobados por la oposición para reabrir Reina Victoria al tráfico y suprimir lombos en el acceso a Montecelo amparándose en un informe de secretaría que sostiene que no son acuerdos vinculantes porque es la Xunta de Goberno la que tiene las competencias
Un informe del secretario municipal deja sin efecto la aprobación de dos mociones de la oposición en el pleno del 31 de julio. Se trata de la reapertura al tráfico de la avenida Reina Victoria que había planteado el PSOE, y la creación de un acceso sin lombos al hospital Montecelo, propuesto por el PP. Las dos mociones fueron aprobadas en pleno con los votos de la oposición, pero un informe jurídico del secretario municipal asegura que “no son vinculantes”.
El informe argumenta que, en el ayuntamiento de Pontevedra debido a la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, es la Junta de Gobierno la que asumió gran parte de las competencias que antes tenía el pleno. Una ley estatal aprobada en su día, según explicó César Mosquera para evitar el bloqueo de los ayuntamientos a manos de la oposición.
En el caso de Pontevedra, esto supone en la práctica que las mociones que la oposición consiga aprobar en el pleno no tendrán efecto si el gobierno del BNG no decide ejecutarlas. Y en este caso, el BNG no reabrirá Reina Victoria ni retirará los lombos en los viales de acceso a Montecelo.
El concejal nacionalista sostiene que esta misma norma puede afectar también a la modificación de Ordenanzas que está planteando la oposición. El PSOE impulsa ya una nueva ordenanza para el mercadillo ambulante que fije su nueva ubicación y retire el poder decisión que tiene actualmente el alcalde para determinar su ubicación. Y el PP plantea modificar la ordenanza de impuestos municipales para rebajar el IBI.
César Mosquera sostiene que la modificación de las ordenanzas sí es competencia del pleno, pero obliga a que como paso previo sea informada favorablemente en la Xunta de Goberno, con lo que al final sería el gobierno municipal el que tendría la última palabra, aun gobernando en minoría.
