La Audiencia estima la impugnación presentada por acreedores contra la homologación de la reestructuración de Hiperxel
Contra esta sentencia, publicada el 10 de abril, no cabe presentar recurso
La impugnación planteada por Novicap Limited, Finanzarel y Finalbion contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, en el que homologó el plan de reestructuración promovido por Xeldist Congelados, el holding de Hiperxel ha sido estimada por la Audiencia Provincial.
De esta forma, en la sentencia, con fecha del pasado 10 de abril y contra la que no cabe presentar recurso, ha declarado la no extensión de los efectos del plan a los acreedores impugnantes, por lo que subsisten los efectos de la homologación frente a los demás acreedores y socios.
Al tiempo, la sentencia destaca que "el pasivo afectado que vota a favor del plan supera en poco los 2.600.000 euros, mientras que los acreedores arrastrados superan los 7.700.000 euros; ciertamente los acreedores financieros superan escasamente los 3.300.000 euros, y los acreedores impugnantes, en concreto, superan en poco los 2.100.000 euros".
Los jueces aseguran que estos datos "dan una idea de la desproporción, no solo con los acreedores del mismo rango que no sufren quita alguna, y que con la formación de clases han sido esenciales para alcanzar la mayoría simple, sino incluso con otros acreedores ordinarios que, aunque no han impugnado la homologación, no han votado a favor del plan, y que pueden elegir entre quitas del 20% y del 50%, con esperas de 5 o de 6 años, respectivamente".
La Audiencia explica que en la situación "prácticamente de insolvencia actual en la que se encontraba la deudora" en el momento de negociar el plan de reestructuración, "complica inevitablemente una situación de por sí ya compleja, especialmente por la naturaleza de la actividad en la que era vital la campaña de Navidad que estaba comenzando".
Así, recalca que "el respeto de la posición económica y los legítimos derechos de todos los acreedores, especialmente de los disidentes, en los planes no consensuales, conforman un sistema de controles y límites para evitar un tratamiento injusto y desproporcionado de unos acreedores en beneficio de otros".
Por ello, concluye que "la carga económica de la reestructuración debe ser repartida de forma paritaria o equitativa entre los acreedores, sin que la apuesta a favor del plan, o la oposición al mismo, puedan tener relevancia al tomar en consideración estos límites de equidad".
