Una sentencia europea podría condicionar la prórroga de la AP9 a Audasa
Se trata de una sentencia sobre un asunto judicial italiano, pero con un trasfondo similar al de la AP9 en España. La Comisión Europea todavía no se ha pronunciado sobre la denuncia hecha en 2018 por En Colectivo
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Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO (27/07/2022)
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A Coruña
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría marcar el futuro de la concesión de la autopista. No se trata de una sentencia sobre la propia AP9, sino un proceso abierto en Italia pero con un fondo similar. La sentencia establece los límites a que un contrato público se privatice sin que medie en ese proceso de privatización una nueva licitación.
El Estado italiano amplió el plazo de una concesión porque la empresa adjudicataria era pública. Sin embargo, esa compañía fue vendida después a manos privadas, por lo que la justicia europea dice que tendría que haberse vuelto a licitar. El Tribunal de Justicia de la UE establece que cuando un contrato público gestionado por una empresa pública se transmite a otra entidad no relacionado con la Administración, se realiza una modificación de tal calado que requiere la convocatoria de una licitación. Ahí las consecuencias sobre España y la autopista, con un relato similar.
Siendo Audasa todavía una empresa pública el Gobierno aprueba una prórroga a la AP9. Años después se aprueba una segunda prórroga, que entra en vigor el próximo año, y se privatiza la empresa. Ese momento, esa decisión, es la que estaría en cuestión según la plataforma de consumidores En Colectivo. Esta plataforma es la que ha denunciado la prórroga asegurando que incumple el derecho europeo. Haciéndose eco de esta sentencia y sumado a toda la documentación ya presentada, Diego Maraña, presidente de EN-COLECTIVO, cree que la gratuidad de la AP9 está más cerca.
Más allá de esta sentencia de un trámite judicial italiano pero que podría afectar a la autopista, la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea por la prórroga y modificación del contrato de concesión de la autopista AP-9 tras una denuncia de En Colectivo. En el mes de enero se cumplió el plazo para que el Gobierno Español presentase sus alegaciones y actualmente el tema se encuentra en fase de estudio por parte de la Comisión Europea a los efectos de que pueda emitir un dictamen motivado que España deberá acatar.
En detalle
El Gobierno del PP concedió las prórrogas cuando las acciones de AUDASA eran todavía propiedad del Estado, que gestionaba un servicio de su titularidad, pero poco después de conceder la segunda prórroga la Administración estatal vendió las acciones de AUDASA a capital privado. El Tribunal de Justicia establece que ese cambio de titularidad, de manos públicas a manos privadas, es un cambio de una condición esencial del contrato que requería la convocatoria de una nueva licitación, no para la venta de las acciones de la sociedad, sino una nueva licitación del contrato de concesión de la propia autopista.
La interpretación que hacen desde En Colectivo de esta esta sentencia es que España debería haber convocado una nueva licitación, “lo que agrava todavía más la situación en la que se encuentra la concesión de la AP-9”, según Maraña. “El hecho de que el Tribunal Europeo haya dictado esta sentencia es una gran noticia para todos los gallegos ya que refuerza los argumentos de nuestra asociación para solicitar que se anule la concesión de la AP-9. Con los pasos que se están dando, cada día Galicia está más cerca de conseguir que finalice esta situación y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia en las que han vencido los 40 años de concesión”.