"El traspaso de la gestión de la Seguridad Social es una cuestión más simbólica que práctica"

Bilbao

Desde la aprobación de la Constitución española en 1978, se han llevado a cabo más de 2.000 traspasos de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Sin embargo, Euskadi, a pesar de ser una de las regiones con mayor protagonismo en este proceso, no lidera el ranking en número de transferencias. Cataluña, con cerca de 200 traspasos, encabeza esta lista histórica. Aún así, los últimos años han puesto la Comunidad Autónoma Vasca como la que más se está beneficiando del trato con Moncloa.

En la 15ª legislatura (2020-2023), que concluyó el año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez realizó 21 traspasos de competencias, de los cuales el 40% fueron destinados al País Vasco. Este hecho no pasó desapercibido, ya que entre las competencias transferidas se encuentran dos de gran peso: la gestión de prisiones y el ingreso mínimo vital. Ambas son consideradas avances importantes dentro del marco autonómico, sobre todo porque Euskadi no ha renovado su estatuto de autonomía.

Aunque estas transferencias representan una excepción en el panorama general de los traspasos recientes, que "en su mayoría han tenido un carácter más simbólico o político", según el experto en derecho constitucional, Javier Tejadura. Para él, la transferencia de competencias del gobierno no siempre responde a criterios técnicos o a estudios que evalúen los beneficios reales para los ciudadanos. "Estas decisiones están impulsadas por intereses partidistas. El PNV ha jugado un papel crucial al condicionar su apoyo al Gobierno central a avances en esta materia", asegura.

Sin embargo, no todos los traspasos recientes han representado mejoras prácticas evidentes. Tejadura señala que la transferencia de competencias en áreas como aeropuertos, puertos o el ingreso mínimo vital no garantiza automáticamente un mejor servicio. En muchos casos, estas transferencias parecen buscar reforzar la presencia simbólica de las comunidades autónomas en lugar de aportar beneficios tangibles para los ciudadanos.

El desafío pendiente

Uno de los temas más complejos en la agenda de traspasos es la gestión económica de la Seguridad Social, una reivindicación del Gobierno vasco que, hasta ahora, no ha sido resuelta. Según Tejadura, la transferencia de esta competencia presenta una "dificultad técnica significativa, ya que debe garantizarse que no se rompa la caja única de la Seguridad Social".

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Esto ha generado un escepticismo generalizado sobre la viabilidad de este traspaso y centra el debate en lo que realmente significaría este traspaso. "Más allá de un cambio en el membrete de los documentos oficiales, que pasarían a estar bajo la gestión vasca, no se contempla una separación efectiva del sistema estatal. De hecho, una hipotética desvinculación del País Vasco del sistema de la Seguridad Social nacional podría resultar perjudicial para la región, dado su alto déficit anual debido al envejecimiento de la población", explica el experto en derecho constitucional.

En el contexto general, los traspasos recientes reflejan más una necesidad política que un avance sustancial en la descentralización del Estado. Desde que Pedro Sánchez asumió el cargo en 2018, "el proceso ha ganado visibilidad mediática, pero en términos prácticos, los traspasos han sido limitados", alega Tejadura.

Mientras tanto, la comunidad que más traspasos ha firmado con el Gobierno central históricamente, Catalunya, han adoptado una postura diferente, exigiendo no solo el traspaso de competencias pendientes, sino también la creación de nuevas competencias, como migración y extranjería, algo que, según Tejadura sería inconstitucional. Para él es un cambio de enfoque de los partidos nacionalistas con aspiraciones a no solo gestionar lo que ya está contemplado en el statut, sino ampliar sus atribuciones.