La criminalización de las ONG, la xenofobia y nuevas políticas migratorias: obstáculos en la asistencia a las personas refugiadas

San Sebastián

El año 2024 se cierra con un panorama preocupante en los pasos migratorios y el tránsito de personas refugiadas. Según el informe anual de la organización Caminando Fronteras, 10.574 personas han perdido la vida en su intento de llegar a España, de las cuales 1.538 eran menores y 421 mujeres. Este año se ha convertido en el más mortífero registrado en las fronteras españolas. Las cifras reflejan una situación que se agrava en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Europa.

Diferentes organizaciones y entidades humanitarias comparten un balance de recrudecimiento en rutas migratorias, condiciones más adversas y barreras crecientes tanto en fronteras como en procesos de integración. Zaporeak, Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), Irungo Harrera Sarea y Cáritas Gipuzkoa hablan del impacto humano de estas cifras y los nuevos retos a los que se enfrentan para continuar con su labor.

En el Mediterráneo Central, solo en este año se han registrado 2.368 víctimas entre muertos y desaparecidos. Para Salvamento Marítimo Humanitario las misiones de rescate son cada vez más complejas debido al aumento de controles fronterizos y nuevas disposiciones del Pacto Migratorio Europeo, que endurecen las condiciones de actuación de las flotas civiles. En los últimos meses han acudido en auxilio de personas procedentes de Eritrea, Sudán del Sur, Etiopía y Siria, muchas de ellas son menores sin acompañamiento. Según SMH, en el proceso migratorio las dificultades no terminan en el rescate. Las personas suelen ser desembarcadas en puertos alejados, con pocas posibilidades de recibir asistencia adecuada. A esto se suma la criminalización de las operaciones humanitarias, con acusaciones que relacionan a estas organizaciones con redes de tráfico humano.

En los campos de refugiados, como el de Lesbos, Grecia, la situación también es compleja. El campo, diseñado para 3.000 personas, alberga actualmente a más de 5.000. Las autoridades locales han intentado trasladar a algunas personas a la península, pero muchas de ellas terminan sin apoyo en las calles de Atenas. Las organizaciones advierten que, aunque está en construcción un nuevo campo con mayor capacidad, las condiciones de aislamiento geográfico dificultan aún más el acceso a recursos y servicios.

Irungo Harrera Sarea, que trabaja con personas en tránsito en la frontera con Francia, señala que la mayoría de quienes atienden intentan continuar hacia el norte de Europa. A pesar de los esfuerzos por ofrecer acogida inicial y asesoramiento, estas personas enfrentan nuevas dificultades al llegar a destinos como París, donde encuentran una falta de recursos y condiciones de vida precarias.

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Dificultades en los procesos de acogida e integración

En el contexto europeo, las personas migrantes enfrentan barreras tanto en el camino como en los intentos de arraigarse en los países de destino. Cáritas Gipuzkoa señala que las políticas migratorias restrictivas, incluyendo la Ley de Extranjería en España, funcionan como una “frontera administrativa” que limita el acceso a derechos básicos como el empleo o la vivienda.

Además, se observa un aumento en el número de personas "que retornan a España tras no haber logrado establecerse en otros países europeos". Y el acceso a la vivienda es una de las principales dificultades, especialmente en contextos urbanos como San Sebastián, que ha visto duplicado el número de personas en situación de calle en el último año, de 220 en 2022 a 413 en 2024. En esta línea, explican, la saturación del mercado y los prejuicios dificultan que las personas migrantes puedan alquilar viviendas, lo que a menudo conduce a situaciones de hacinamiento o incluso a "la venta ilegal de empadronamientos, un requisito indispensable para acceder a servicios públicos".

Cáritas Gipuzkoa reporta un incremento en el número de personas atendidas, con cifras preliminares que apuntan a unas 16.000 personas en 2024, pertenecientes a unas 6.500 familias. La organización alerta de que también están comenzando a detectar familias con menores en situación de calle, algo que hasta hace poco "muy residual".

Las entidades humanitarias en Gipuzkoa continuarán con sus actividades de asistencia, como la distribución de alimentos y la gestión de recursos para los refugiados, subrayan la importancia de sensibilizar a la población sobre la realidad de las personas migrantes y combatir los discursos xenófobos. Coinciden en que, además de las barreras legales, los prejuicios racistas y xenófobos continúan siendo un gran obstáculo para la integración, y perpetúan la exclusión social en el territorio.