El Arzobispado de Burgos continúa cubriendo los gastos del Monasterio de Belorado, mientras las exreligiosas de Orduña y Derio esperan una resolución judicial

El Arzobispado de Burgos continúa pagando los gastos ordinarios del Monasterio de Santa Clara de Belorado, a la espera de que el juzgado resuelva la demanda interpuesta el 16 de septiembre para la salida de las nueve exreligiosas, sin que tengan novedad sobre el trámite ni tampoco contacto con las residentes en el cenobio burgalés. El arzobispo, Mario Iceta, ha indicado a preguntas de los periodistas que «a día de hoy no tienen ninguna novedad» al respecto de la demanda presentada en el Juzgado de Briviesca, y ha insistido en que el caso está ya en manos de los juristas, sin que de momento se pueda hablar de plazos para encontrar una salida a la situación. «Me reúno una vez cada 15 días con el equipo», ha explicado, y la última de esas reuniones con los servicios jurídicos del Arzobispado fue hace una semana y, entonces, «no había ninguna novedad». Tampoco tiene Iceta contacto alguno con las exreligiosas que continúan en el monasterio de Belorado -nueve de las diez inicialmente excomulgadas en mayo pues este verano se marchó una de ellas voluntariamente- ni con las hermanas más mayores, de las que sabe que cuentan con un cuidador y visitas de familiares. El Arzobispado de Burgos no ha recibido ninguna factura nueva, al margen de las relativas a los pagos ordinarios, que llevan cubriendo varios meses; «gastos corrientes recurrentes», también sin más novedad, y en cifras similares, ha indicado Iceta, quien ha insistido en que «el camino más favorable» sería que las exclarisas volvieran a la iglesia. La comunidad de religiosas de Santa Clara de Belorado, en la que se engloba también las de Orduña y Derio (Bizkaia), hicieron público el 13 de mayo un manifiesto católico, acompañado de una carta, con los que anunciaban su salida de la iglesia. El arzobispo de Burgos, nombrado por el Vaticano como comisario pontificio, firmó el pasado 22 de junio la excomunión de diez de las quince religiosas de la comunidad -quedaron fuera las más mayores, que Iceta considera que están al margen de la situación generada- y su expulsión de la vida consagrada, lo que las obliga a dejar el monasterio. Para forzar dicha salida, Iceta presentó el 16 de septiembre una demanda judicial en el juzgado de Briviesca, que todavía no se ha pronunciado al respecto, un procedimiento que podría alargarse en el tiempo