Gipuzkoa se hace eco en la reforma de cotizaciones para las prácticas de investigadores: "Hay compañeros que suman 15 años sin cotizar"

San Sebastián

La reforma de la orden ministerial que permitirá a miles de antiguos becarios y estudiantes cotizar por sus prácticas no laborales para que cuenten a la hora de calcular su jubilación entra en su fase final. El Gobierno central y sindicatos han pulido los detalles finales para la aprobación de este nuevo marco legal, que incluye mejoras significativas para los investigadores. Sin bien, no recoge demandas como la posibilidad de rescatar todos los años de prácticas o que la cuota a pagar sea la correspondiente al trabajador, sin incluir la parte de la empresa. Demandas que llegan al Ministerio, también, desde Gipuzkoa.

La nueva regulación, que se espera que sea aprobada antes del próximo mes de agosto, ha sido diseñada para aliviar las dificultades que muchos trabajadores -investigadores en su mayoría- enfrentan al intentar asegurar una jubilación digna después de años de dedicación en condiciones de inestabilidad laboral, y sin reconocimiento de sus periodos de beca como tiempo cotizado.

Es el caso de Lourdes Pozueta, consultora y experta en diagnóstico de datos residente en Gipuzkoa. Después de dejar su trabajo como docente para dedicarse a la investigación industrial en la universidad, Pozueta acumuló cuatro años sin cotizaciones. La reforma incluye un cambio significativo en la base de cotización para el convenio especial, que ahora se calculará en función del año en que se realizó la actividad. En su caso, ahorrará cerca de 2.000 euros al año, pero "no es suficiente". "Pedimos pagar solo la parte de la persona trabajadora, mantener la categoría que nos corresponde y que se contemplen todo tipo de becas".

La donostiarra María Jesús Irurtia, activa en su campo de investigación en torno a los trastornos de ansiedad en la adolescencia, también levanta la voz para exigir que se amplíen las mejoras y reconozcan los años dedicados a la investigación de manera íntegra. "Cuando firmábamos el contrato los administrativos nos decían, 'mira, los del caramelo envenenado', después nos dimos cuenta de que el caramelo envenenado es porque nadie pagaba nuestra seguridad social", relata, "se invierte muy poco en investigación, creo que esta sería una manera de valorar la investigación y la labor de los investigadores".

La reforma también contempla la reducción de las tarifas para la recuperación de los periodos de prácticas, que anteriormente se encontraban en una tarifa fija de 290 euros por mes y ahora varían entre 40 y 140 euros dependiendo del año de las prácticas. Así como la posibilidad de rescatar íntegramente cinco años de cotización, incluso en aquellos casos en los que, según la regulación de 2011, ya se hubiesen recuperado dos años, pero "se limita a nivel de años cuando hay gente que puede tener una vida investigadora de 12 o 15 años a los que cinco años no les resuelve nada", afirma el veterinario Iñigo Agirre.

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En su caso, desconoce si podrá acogerse a la normativa por centrarse en 'prácticas conducentes a la obtención de un título oficial'. Las prácticas deben estar formalmente integradas en los planes de estudio académicos y ser necesarias para la obtención de dicho título una especificación, lo que puede dejar fuera a muchos investigadores que participaron en prácticas fundamentales para su desarrollo profesional. "No acaban de resolver el ámbito de aplicación, no se aplica a todos los antiguos becarios, ni a todos los años que la gente ha estado de becaria", sentencia.

El Ministerio de Seguridad Social ha garantizado que el proceso de modificación de la orden se realizará "en el menor plazo posible" y ha invitado a las personas interesadas a esperar hasta la formalización de la nueva regulación antes de solicitar la recuperación de sus cotizaciones. Además, la nueva orden permitirá que los pagos puedan fraccionarse hasta el doble del periodo rescatado con un máximo de siete años, ofreciendo una flexibilidad financiera que no estaba presente en la redacción original.

A pesar de estas concesiones, la comunidad investigadora sigue pidiendo un mayor reconocimiento y adaptaciones en la legislación que permitan una valoración más justa del tiempo dedicado a la investigación y las prácticas no laborales. La creación del observatorio del becario, que se encargará de evaluar y seguir las medidas adoptadas, es vista como avance potencial, aunque está por ver si será suficiente para la comunidad afectada que exige valorizar los años de formación y trabajo en condiciones frecuentemente precarias