Diputación estudia compensar a los agricultores de alquiler alaveses que se queden sin tierras por parques fotovoltaicos

Vitoria-Gasteiz

La tractorada histórica que ha recorrido estos dos días Álava y Vitoria para protestar por los problemas que sufre el campo empieza a recoger sus primeros frutos. A la misma hora en que medio centenar de tractores se concentraba frente a la sede del Gobierno vasco en Vitoria, la diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio natural anunciaba en las Juntas Generales de Álava una batería de medidas que está estudiando para combatir uno de los problemas denunciados en esa protesta: la pérdida de suelo agrícola por la expansión de los proyectos de renovables. Entre las medidas anunciadas por Amaia Barredo están el control de los proyectos fotovoltaicos para determinar si tienen utilidad pública, la inclusión en los informes ambientales de esos proyectos de su posible afección a la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y "cómo compensar a las explotaciones para no poner en peligro su continuidad".

La comparecencia de Barredo en el pleno de control de Juntas se ha producido a petición de los grupos junteros de EH Bildu y Vox, que, por separado, se han solidarizado con las movilizaciones de los agricultores alaveses convocadas por UAGA y han pedido a la Diputación foral de Álava medidas para evitar la pérdida de suelo agrícola por la extensión de las energías renovables en el territorio.

En su respuesta, la diputada responsable del área ha reconocido que el ente foral se encuentra "preocupado", sobre todo, por "aquellas explotaciones con alto porcentaje en régimen de alquiler y cómo les puede afectar el cambio de titularidad" en el caso de que los propietarios quieran vender sus tierras. Amaia Barredo ha contado que han analizado las situaciones que se están generando con el sindicato agrario UAGA, que denunció recientemente las presiones de las empresas que proyectan y construyen parques solares para hacerse con tierras en los que levantarlos. Aunque su primer comentario ha sido que "el agricultor es y debe ser libre y si vender es lo que más le interesa, está en su derecho y debe ser respetado" y que si sufren acoso para vender que lo denuncien a la Justicia, acto seguido ha detallado seis medidas que están analizando para enfrentarse a este problema:

1. Intensificar los controles administrativos en torno a la verdadera utilidad pública de los proyectos fotovoltaicos, analizando cada caso, así como la relativa efectividad de expropiar bienes y derechos, contrastando todos los intereses en juego.
2. Interceder ante las empresas "para hacerles entender que las prácticas que están llevando a cabo no son apropiadas y están generando molestias y muchas inquietudes".
3. Asesorar a agricultores y titulares frente a acuerdos que conlleven esas amenazas en expropiaciones y cumplimiento de compromisos adquiridos.
4. Trabajar con las empresas para localizar suelos improductivos o demaniales para emplazar los parques fotovoltaicos y liberar suelo agrario.
5. Valorar la posibilidad de analizar dentro de los informes ambientales la posibilidad de informar también de la afección a la viabilidad económica agraria y "ver si los efectos acumulativos de la posible disminución de suelos de alquiler en algunas explotaciones pueden impedir su viabilidad y vamos a analizar cómo compensar a las explotaciones para no poner en peligro su continuidad".