El Gobierno vasco dice que Urtaran "no respeta el acuerdo" sobre las 960 viviendas de alquiler social

El Gobierno vasco ha pedido oficialmente al alcalde de Vitoria que dé marcha atrás en las condiciones que incluyó a "última hora" en el convenio para desarrollar 960 viviendas de alquiler social. El acuerdo está bloqueado después de que Urtaran reclamara al Gobierno vasco que rehabilite íntegramente 62 viviendas de propiedad municipal y se las devuelva a los 20 años.

El Gobierno vasco, en palabras de su viceconsejero Pedro Jauregui, ya había señalado que esas condiciones suponían el bloqueo de facto del convenio. Ahora el propio consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, se lo ha comunicado oficialmente al alcalde en una carta a la que ha tenido acceso la Cadena Ser. El bloqueo afecta especialmente a 417 viviendas que el Gobierno vasco quiere construir en suelo municipal y para lo que necesita la firma del acuerdo. Además de no haber convenio, no se aplicará la bonificación del 95% en el impuesto de construcciones que el Ayuntamiento aceptó finalmente después de meses de negociaciones.

"El cambio de última hora en la posición municipal altera el contenido de los acuerdos adoptados, al condicionar con pretensiones de imposible cumplimiento el desarrollo de las nuevas promociones de vivienda en alquiler", dice el consejero. El departamento de Vivienda reclama a Urtaran que facilite la tramitación de los acuerdos sobre vivienda "con el fin último de reducir la lista de demandantes de vivienda en arrendamiento protegido en la ciudad".

Lo que ambas partes habían acordado en enero era que, además del impulso a 960 viviendas nuevas de alquiler social en Salburua, el Ayuntamiento cedería al Gobierno vasco la propiedad de 42 viviendas en Bustaldea para que el Gobierno vasco las rehabilitara en su integridad y las sacara de manera indefinida al alquiler social. Pero el alcalde remitió un nuevo documento en el que añadía otras 20 viviendas en el Casco Viejo y exigía además que las viviendas volvieran a manos del Ayuntamiento a los 20 años.

Esa cláusula se introdujo en el último documento enviado por el alcalde al Gobierno vasco y según el consejero "no respeta" el acuerdo alcanzado para que la cesión fuera indefinida y destinada al alquiler social.

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"Su destino, como bien sabes, es servir de hogar a familias que no pueden permitirse pagar un arrendamiento libre", dice Arriola al alcalde. "El alquiler medio de las viviendas de protección social de nuestro parque no llega a los 230 euros mensuales. El Gobierno Vasco, por tanto, no se lucra con el alquiler de estas viviendas, al contrario, suponen un esfuerzo económico creciente y generan un déficit anual que tiene reflejo presupuetario".

Inversión mínima de 50.000 euros por vivienda

Las viviendas del Ayuntamiento llevan además tiempo abandonadas a su su suerte y están en una situación "muy precaria" y necesitan al menos de una inversión de 50.000 euros para ser habitables. Es decir, más de 3 millones de euros de inversión.

"Creo que eres consciente de que el Gobierno Vasco no puede acometer obras de rehabilitación tan importantes en inmuebles que no son de su titularidad. Tampoco el ayuntamiento puede pretender que un patrimonio inmobiliario de su propiedad en condiciones muy precarias se revalorice a costa de una inversión millonaria de otra administración", le explica Arriola a Urtaran.

Desde el Gobierno vasco no entienden además que el Ayuntamiento ponga esa condición devolución de las viviendas cuando el propio Ayuntamiento traspasa al Gobierno suelos para construir viviendas de forma gratuita y sin fecha.

Arriola recuerda a Urtaran que en 2018 el Gobierno vasco ofreció al Ayuntamiento "todas las facilidades para que pudiera llevar a cabo una rehabilitación profunda de sus inmuebles" con la aplicación de las ayudas máximas que ofrece el departamento de Vivienda y que incluyendo los fondos Next, "podían alcanzar el 80% el coste de la obra". "Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó dicha opción" recuerda Arriola.

Arriola recuerda la "elevada demanda existente de vivienda protegida en alquiler en el municipio" que "no ha mejorado". Hay cerca de 9.000 personas apuntadas en las listas de Etxebide, "por lo que ambas administraciones debemos impulsar decididamente este acuerdo para posibilitar su desarrollo y ejecución", dice Arriola.