CCOO denuncia que al menos 13 residencias navarras y centros de discapacidad pertenecen a fondos buitres
El departamento de Derechos Sociales desmiente los datos y asegura que la Ley de Contratos Públicas -acordada con CCOO en su día- recoge que toda empresa legalmente constituida tiene derecho a acceder a un concurso público
El secretario de Políticas Públicas y Sociales, Joseba Eceolaza, y la secretaria de Organización y Finanzas, Pilar Arriaga, acompañados por un grupo de delegadas de residencias y de centros de atención a la discapacidad durante la rueda de prensa / EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
El sindicato Comisiones Obreras Navarra ha elaborado el informe "El impacto de los fondos buitres en el sector de la dependencia de Navarra". Entre las principales conclusiones, el autor del estudio, Joseba Eceolaza, denuncia que al menos 13 centros -8 residencias de ancianos y 5 centros de discapacidad- son propiedad de fondos buitre -entendidos como fondos de inversión con sede social en paraísos fiscales-.
Desde el departamento de Derechos Sociales han negado tal afirmación: "Navarra no concierta nada con fondos buitres. Concierta con empresas, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos en el marco de la Ley de Contratos de Navarra, apoyada en su día por el propio CCOO". Fuentes del departamento añaden que dicha normativa contempla que no se puede excluir a ninguna empresa legalmente constituida de un concurso público.
¿Residencias privadas o públicas?
El sindicato afirma que el 72% de las residencias de ancianos y 13 de 14 centros de discapacidad son de titularidad privada. No obstante, Derechos Sociales ha aseverado que "no llega al 30% las privadas con ánimo de lucro. El resto son públicas o entidades sociales (fundaciones, asociaciones y entidades religiosas sin ánimo de lucro) con una lógica de gestión muy diferente a una empresa privada y más parecidas a una gestión pública".
En el caso de los centros de discapacidad, Derechos Sociales ha matizado que la mayoría son de titularidad pública, si bien algunos se gestionan de forma directa y otros son gestionados por empresas privadas a través de un contrato (subcontrata). En cualquier caso, es un sistema distinto al de los conciertos, que implican que la titularidad de la empresa es privada y es la Administración quien "subvenciona" parte del coste. Es decir, no es cierto que el 48% de las plazas de estos centros de discapacidad sean concertadas, simplemente porque son subcontratas.
